Twitter: @CarlosGuerreroO
Cómo los ciudadanos perciben la corrupción es un factor medible, y así lo han demostrado índices y reportes nacionales y extranjeros. Pero ¿cómo impacta en esa percepción una campaña retórica contra la corrupción? En México, podría aumentar negativamente.
En este espacio he destacado que una de las debilidades de la corrupción es que su percepción es fácilmente medible, a partir de una suma de factores y opiniones de organizaciones expertas en temas de integridad, rendición de cuentas y transparencia –no así de las que derivan de la vox populi–.
En México la corrupción ha sido evaluada principalmente por organizaciones internacionales –como el Foro Económico Mundial, Transparencia Internacional o Latinobarómetro– o nacionales –como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y recientemente por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)–.
La mala calificación de nuestro país –31 puntos en 2015, disminuyendo hasta 28 puntos en 2018 (en ambos casos, de 100 puntos posibles)– ha sido obtenida aún y cuando fue aprobada en 2015 una reforma constitucional, leyes secundarias en 2017 e instituido el Sistema Nacional Anticorrupción.
La razón principal de ese resultado es que las evaluaciones hechas por las organizaciones arriba referidas, no solamente miden la existencia de normas generales sino también de si aquéllas se cumplen y cómo las hace cumplir el gobierno o administración pública en turno.
Se pregunta a expertos, por ejemplo, “¿En qué medida se evita que funcionarios públicos abusen de su posición para favorecer intereses particulares?”; “¿En qué medida el gobierno logra contener con éxito la corrupción?”; “¿Es habitual que ministros/funcionarios públicos se apropien de fondos públicos para fines personales o partidarios?”
Para la próxima evaluación que se haga de México, al factor señalado debe además sumarse la actitud retórica del nuevo gobierno para combatir la corrupción. Baste decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha delineado con su gabinete una estrategia para controlar los actos de corrupción, ni ha implementado con eficiencia las leyes aprobadas por su antecesor.
Y aunque el 52% de los mexicanos creen que la corrupción disminuirá en los próximos 12 meses –como lo revela el último reporte de MCCI– la percepción de ese fenómeno aumentará negativamente en México.
Ello, ante la falta de actos formales de la actual administración para combatirla efectiva y transexenalmente, y ante el retórico y vacío discurso presidencial de que la corrupción se acabará por la sola presencia de un eterno candidato, convertido ahora en presidente de México.