Twitter: @CLopezKramsky 

El titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Sergio Jaime Rochín del Rincón, presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador su renuncia al cargo. Esta es una noticia que muchas víctimas exigieron durante meses en el gobierno anterior y cuya demanda se incrementó en esta administración. En el gobierno del presidente Peña Nieto, las víctimas asumían que, a pesar del mal funcionamiento, no se cesaría a su titular debido a que el régimen sostendría su designación, pero existía la esperanza de que el nuevo gobierno mejoraría la atención a las víctimas; eso no sucedió y el gobierno de López Obrador dejó que la CEAV se desangrara junto con las víctimas que dice atender.


En febrero, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, declaró que la CEAV tendría que reestructurarse urgentemente, pero ninguna acción secundó sus palabras. La descomposición en la CEAV continuó y las víctimas incrementaron su nivel de protesta hasta que alcanzó al Senado de la República. Entonces, el comisionado ejecutivo se negó a acudir a una comparecencia ante esa Cámara sin que hubiera sanción alguna y, en consecuencia, el halo de impunidad que lo había protegido creció exponencialmente hasta reventar.

Es cierto, el comisionado evitó un escarnio público en el Senado, pero se colocó en una situación insostenible. Las protestas continuaron hasta llegar a la “mañanera” del presidente, justo en el décimo aniversario de la tragedia de la Guardería ABC, cuyas víctimas han denunciado incansablemente la revictimización infligida por la CEAV; poco después, el comisionado anunció su renuncia, argumentando escasez de recursos presupuestales.

Si bien el comisionado tiene razón en señalar el decremento en las capacidades presupuestales y estructurales de la CEAV, erra al concentrar su diagnóstico solo en ese aspecto; el fracaso de la CEAV solo puede entenderse cuando se analiza el entorno gerencial de la institución:

i) Es de dominio público que no había un liderazgo, pues el comisionado poco se involucraba en las decisiones sustantivas, por lo que delegó el poder absoluto a su jefe de oficina, José Arturo Ibarra Kurka, y a sus directores generales;

ii) Estos servidores públicos o no tenían el perfil adecuado para sus respectivas áreas y para atender víctimas o, en casos peores, respondían a intereses de organizaciones sociales que los habían incrustado en la estructura como cuotas, por el apoyo otorgado al comisionado en su proceso electivo;

iii) La falta de experiencia y el desconocimiento de sus áreas provocó que varios directores generales emitieran criterios violatorios de los derechos consagrados en la Ley General de Víctimas e, incluso, se emitió normativa general –como estatutos o lineamientos- que contravenía directamente a la ley;

iv) La CEAV creó víctimas de primera y de segunda, dependiendo de la cercanía con los directores generales, con las organizaciones a las que estos respondían o, por la presión mediática que podían ejercer;

v) Para sostener esta atención diferenciada se propagó la revictimización y la burocratización de trámites, forzando a las víctimas a litigar sus derechos, y vi) algunos directores generales decidieron gastar centenas de millones de pesos en proyectos de dudoso beneficio para las víctimas. Todas fueron decisiones propias del comisionado y su equipo y no causa de la falta de recursos.

Ahora, el gobierno federal debe emitir, lo antes posible, la convocatoria pública abierta para elegir al nuevo titular de la CEAV y debe instruir auditorías en materia de desempeño, pero, sobre todo, financieras, para esclarecer las interminables denuncias y quejas.

Muchas solicitudes de información han mostrado que la CEAV ha gastado cientos de millones de pesos en la plataforma del Registro Nacional de Víctimas, en estudios y diagnósticos, en contrataciones de servicios, en traslados de víctimas con sobrecosto y no comprobados, o en viáticos desproporcionados; dinero ha habido durante años; hace falta saber cómo se gastó y qué resultados se obtuvieron. Además, lo que ha faltado es voluntad para cumplir la ley, y eso solo es atribuible al comisionado, quien no vio o no quiso ver que, con cada decisión equivocada, él y su equipo conducían a la CEAV al fracaso.