Twitter: @ChristianCB06
“El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”.
–Winston Churchill
En México se han privilegiado los procesos electorales sobre las políticas de bienestar social, dejando de lado la construcción de reformas integrales que edifiquen sólidamente la transición social, donde impere la paz, la seguridad, la distribución justa de la riqueza, la igualdad, el empleo, el desarrollo y el crecimiento económico, pero, sobre todo una estrategia que permita a la población vulnerable a no depender permanentemente de programas sociales y por el contrario, dotarlos de herramientas para volverlos productivos y así puedan salir verdaderamente del estado de pobreza en la que viven.
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 le destinó alrededor de 2.6 billones a la política social, es decir, un incremento del 5% en términos reales en comparación con el presupuesto asignado en 2018, esto con la finalidad de solventar la creación, modificación y operación de programas sociales que están muy lejos de reducir la brecha de pobreza y carencias de la población, pero, si están cercanos de un modelo de coacción al voto, condicionando y disminuyendo aún más las oportunidades de los grupos vulnerables, acrecentando su pobreza y la desigualdad social.
Los programas sociales al ser utilizados con fines proselitistas alteran el sentido ético de la participación ciudadana y de la equidad en la contienda electoral facilitando a la clase política a empoderarse y si es posible a perpetuarse en el poder, lo cual, acerca a nuestro país a un Estado de simulación: democrática, de elecciones limpias y de bienestar social.
Esta situación le garantiza a la clase política el control sobre una sociedad plagada de inseguridad, necesidades e incertidumbre, contraponiéndose al fortalecimiento de las instituciones, a la participación ciudadana, a la igualdad de oportunidades y sobre todo limita que las políticas en materia social sean eficientes y cumplan su fin constitucional.
El Diagnóstico “La Política Social en México, sin Rumbo ni Destino Cierto” publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO)[1] en junio de 2019, señala que las modificaciones emprendidas por la actual Administración a 8 de 10 programas sociales analizados no generan certeza para disminuir la desigualdad, destacándose la falta de reglas o lineamientos claros para su operación; pocos o nulos mecanismos de transparencia para verificar que el apoyo lo recibió las personas que lo necesitan; transferencias monetarias no condicionadas y con requisitos mínimos. Lo que genera incertidumbre en el uso de los recursos públicos y complejidad para su evaluación.
En este sentido, la operación de programas sociales con fines proselitistas y electorales tiene a la demagogia y las acciones de corte populista como sus aliados para ofrecerle a la sociedad espejismos de gobernabilidad, de justicia, estabilidad económica y bienestar social, quedando muy lejanas las estrategias y políticas públicas de resultados eficientes que atiendan el fondo de la problemática de pobreza, marginación y exclusión social.
Por ello, los programas y las políticas públicas de corte social no deben ser un traje a la medida de un proyecto político unipersonal o de grupo, sino, deben tener un sentido ético y democrático que permita disminuir en México los 53.4 millones de pobres y los 9.4 millones en situación de pobreza extrema.
Consideraciones
El Gobierno de México debe construir una reforma social profunda donde su base no sean los programas sociales, sino la creación de fuentes de trabajo bien remunerados y con prestaciones sociales, además, de proyectos productivos con una debida planeación presupuestal para que no se vean afectados por una política de austeridad que lo único que hace es aumentar el desempleo, la marginación de los grupos vulnerables y la población con algún rasgo de pobreza.
La política de bienestar del Gobierno de México fincada en programas sociales no debe tener como destinatarios los votos de las elecciones del 2021 y 2024, porque eso es corrupción; sino, debe tener como misión atenuar la pobreza del país y construir de manera urgente la tan esperada reforma social.
Cabe señalar, que la política social del actual gobierno federal puede ser afectada por los acuerdos de la supuesta crisis que hubo entre el gobierno estadounidense y el mexicano, que detonó por la amenaza del cobro arancelario del 5% a exportaciones de productos mexicanos.
Este hecho pareció al final un acto proselitista para Donald Trump, ya que, se posicionó ante su electorado y simpatizantes rumbo a la elección presidencial, en cambio el Gobierno de México tendrá que reajustar su presupuesto en diversos rubros para atender a la población migrante con casa, servicios y alimentación, aquí cabe preguntar:
¿Cuánto constará esta ayuda?
¿El Gobierno de México está preparado para detener y solventar el flujo migratorio, y a la vez resolver los problemas de las mexicanas y los mexicanos que padecemos una crisis en materia de inseguridad, salud, desempleo, contaminación y pobreza?
Ante ello, tendremos que esperar las mejores respuestas y acciones del Gobierno de México, con la finalidad de que el bienestar y la política social no sean presa de los acuerdos bilaterales desproporcionados.
Hasta el momento el bienestar social no se ve, ni se siente, por lo que el Gobierno de México conjuntamente con los actores sociales, políticos y empresariales deben construir urgentemente una reforma social integral teniendo que implementar como base: estrategias para abatir de raíz la pobreza; un sistema de salud eficiente y suficiente para la demanda poblacional; un sistema educativo donde se privilegie el debate de los métodos pedagógicos y de enseñanza para que las nuevas generaciones tengan mejores herramientas para razonar; un sistema hacendario donde la recaudación de impuestos se vea reflejado en mejores servicios públicos; un sistema económico que lleve a México a ser un referente internacional consolidado y un sistema de empleo de calidad con salarios competitivos.
Por estos motivos, una adecuada reforma social nos llevaría a tener una verdadera política integral de bienestar que no esté basada en programas sociales, y así transitar de un modelo asistencialista a uno de capacitación, competitivo y productivo.
[1] https://imco.org.mx/temas/diagnostico-imco-la-politica-social-mexico-sin-rumbo-destino-cierto/