Twitter: @ChristianCB06

La salud en México tuvo un largo trayecto para que fuera reconocida como un derecho y garantía constitucional para todas las mexicanas y los mexicanos; recordar que en las reformas a la Constitución de 1857 que a la postre darían como resultado la primera Constitución con bases sociales del mundo en 1917, la protección a la salud fue ubicada sólo para los trabajadores y sus familias, asociándolo a la seguridad y prestaciones de este importarte sector, fue por ello que el Título Sexto de la Carta Magna se llamó Del Trabajo y Previsión Social, el cual, posteriormente sería el sustento para crear en 1943 el IMSS.

Fue hasta 1983 a través de una iniciativa del Ejecutivo Federal que “la Protección de la Salud” se adicionó como un derecho al texto constitucional en el artículo 4º, donde el Estado adquirió la obligación de garantizar la atención médica a toda la población acorde a sus necesidades y no a sus recursos económicos, es decir, el sentido social del derecho a la salud que se plasmó en la Constitución lleva intrínsecamente el compromiso de calidad, solidario y permanente que las autoridades federales, estatales y municipales en todo momento, y circunstancia deben anteponer ante cualquier causa política y estrategia financiera, para privilegiar la salud y el bienestar de las personas.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala que el “Derecho a la Protección de la Salud” tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.

Pero, no es un secreto que desde hace décadas el Sistema Nacional de Salud integrado por la Secretaría del ramo, IMSS, ISSSTE, ISSFAM, Servicios Médicos de Petróleos Mexicanos, DIF y los órganos de las entidades federativas del sector salud han tenido deficiencias en el servicio y atención, donde los rasgos de corrupción han puesto en crisis financiera a las instituciones de salud de nuestro país.

El estado de emergencia financiera y en atención médica no permite satisfacer plenamente el derecho a la protección de la salud de manera integral, debido a la falta de medicamentos, de pago a la nómina del personal médico, equipamiento e infraestructura.

Esto extiende más la brecha entre eficiencia e ineficiencia, por lo que, la responsabilidad del Estado para garantizar el derecho a la salud de las mexicanas y los mexicanos deja mucho que desear.

Cabe señalar, que en la campaña presidencial de 2018, una de las prioridades en materia de salud del entonces asesor en la materia y hoy Secretario de Salud, el Doctor Jorge Alcocer fue:

“Nuestra propuesta global es buscar e integrar un sistema de salud universal, también está la necesidad de incrementar el presupuesto en salud, alrededor del 8% anualmente”. El Financiero, 24 junio 2018

Lo anterior, dista mucho de lo que se aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, ya que, en términos nominales, de 2018 a 2019 el gasto en el Ramo 12 (Salud) creció en 1.38%, es decir, de $122, 557, 337, 320 a $124, 266, 865, 116, pero, en términos reales sufrió una disminución de -3.45% debido a Inflación con la que cerró el 2018 con un incremento anual de 4.83%.

Otros datos indican que en el Presupuesto 2019 se eliminaron los programas que disponían recursos en 2018, tales como: Desarrollo Comunitario “Comunidad DIFerente” -$106, 502, 000; Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad -$ 173, 949, 378; Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud -$1, 450, 000, 000 y Mantenimiento de infraestructura -$109, 889, 000.

Sólo por mencionar algunos ejemplos en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en el Programa de Atención a la Salud tenía presupuestado $1,479,220,964.00 en 2018 y en 2019 tuvo $1,141,892,548.00, es decir, menos $337,328,416.00; y para la atención de niñas, niños y adolescentes el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía $91,078,690,942.00 en 2018 y para el 2019 sólo le asignaron $47,384,654,109.00, una reducción de $43,694,036,833.00; en cuanto a la Atención a la Salud se tenía $75,538,101,468.00 en 2018 y en el 2019 $30,605,473,408.00, es decir, una reducción de $44,932,628,060.00.

Estas son algunas cifras que nos dejan ver la reducción en el presupuesto 2019 en el sector salud de México, lo cual, está impactando de manera inmediata, ya que,  está afectando al capital humano (médicos y enfermeras), escasez de medicamentos y reducción de pasantes en las diversas ramas de la medicina en 24 de 32 entidades federativas de nuestro país: Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Puebla y Ciudad de México, Durango, San Luis Potosí, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Baja California Sur, Tabasco, Querétaro, Chihuahua, Nayarit, Guerrero, Oaxaca, Baja California, Colima y Sonora. Milenio, 22 mayo 2019.

Consideraciones

La Protección a la Salud, es uno de los derechos más relevantes de la humanidad, sin salud difícilmente se pueden apreciar, gozar y disfrutar los demás derechos humanos.

Las medidas de austeridad, memorándums y presupuesto en la materia, hasta el momento sólo han reflejado la falta de sensibilidad social y política por parte del Gobierno de México, que con medidas cosméticas y paliativas han intentado sobrellevar el estado crítico del sector salud de nuestro país.    

Ante este escenario, el Gobierno de México debe considerar que la diabetes, la obesidad, la hipertensión, las enfermedades del hígado, los cánceres de mama, pulmón, próstata, cervicouterino, entre otras enfermedades más, están presentes en niveles preocupantes en la población mexicana debido a los deficientes servicios de salud, a la pobreza, marginación y discriminación.

Ya sea a través de reformas fiscales socialmente útiles o construyendo un Sistema Universal de Salud Pública con la finalidad de unificar los objetivos de las instituciones en la materia, esperemos que el Gobierno de México con la participación de la sociedad civil se logré mayor calidad y eficiencia en los servicios y atención de las instituciones de salud pública. 

El Gobierno de México debe procurar que el gasto de salud sea progresivo y no regresivo, ya que con ello, dará mejores resultados en la política nacional de salud, si fuera lo contrario se vería ineficaz para garantizar los derechos mínimos de acceso a la salud de sus ciudadanos, incumpliendo con su mandato constitucional.