Twitter: @CLopezKramsky
La semana pasada, esta columna escudriñó la deliberada ausencia del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en la comparecencia ordenada por el Senado de la República, en ejercicio de sus facultades de control político, frente al caudal de quejas presentadas por víctimas, colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil.
Hay que recordar que la CEAV es un organismo público descentralizado, no sectorizado, del Gobierno federal, que tiene como objetivo garantizar los derechos de las víctimas y brindarles la atención que necesiten dentro del marco que establece la Ley General de Víctimas; en resumidas cuentas, la CEAV debe fungir como la institución del Estado que defienda y asesore a las víctimas en los procesos legales que enfrenten en ese carácter, les brinde los servicios médicos, psicológicos, de trabajo social, de apoyo y asistencia que requieran y, les garantice una reparación integral del daño sufrido.
Sin duda alguna, la misión de la CEAV no es una tarea fácil, pero ella se vuelve más compleja cuando su población objetivo (las víctimas de delitos o de violaciones a derechos humanos) la acusan de negarles los servicios reiteradamente, de burocratizar los trámites, de no aplicar el principio pro persona en favor de la víctima y, -con consecuencias muy graves- de negar y litigar sistemáticamente los derechos que la ley consagra para las víctimas. Vista así, la CEAV no se parece en nada al defensor de las víctimas, pero sí a un verdugo más que pretende judicializar los trámites para que, por la vía del juicio de amparo, los jueces federales la “obliguen” a cumplir los derechos que ya están establecidos claramente en la ley.
La actuación arbitraria de los servidores públicos de la CEAV en este sentido es bastante clara: la interpretación de la norma se hace de la forma más restrictiva posible y, en consecuencia, los servicios o derechos son negados para que la víctima acuda al juicio de amparo y una vez que obtenga la resolución favorable, la CEAV tenga una justificación legal para actuar. Esto obliga a la víctima a litigar durante meses o años, la obtención de un derecho que ya tiene consagrado en la Ley General de Víctimas.
Esto es inadmisible en un organismo público cuya razón de ser es garantizar los derechos que la ley contempla de manera amplia, generosa y profunda para las víctimas de la violencia en este país, y ello ha llevado a que, frente a la cantidad de quejas derivadas de este actuar irregular, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), haya emitido tres recomendaciones recientes por actos violatorios de derechos humanos atribuibles a personal de la CEAV; dos de dichas recomendaciones son clasificadas como de “violaciones graves a los derechos humanos”, lo que implica que dichas violaciones fueron sistemáticas, extensas y causaron un perjuicio mayúsculo a los derechos de las víctimas y a la sociedad; son por decirlo en lenguaje común, bombas atómicas contra los derechos humanos.
Estas recomendaciones son i) 14VG/2018, emitida por el caso del albergue conocido como “La Gran Familia”, en Zamora, Michoacán, en agravio de 536 menores de edad en situación de extrema vulnerabilidad; ii) 15VG/2018, emitida por el caso Iguala, mejor conocido el caso Ayotzinapa, en Guerrero y iii) 87/2018, emitida por el desplazamiento forzado interno de más de 5 mil personas en los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, en Chiapas. En todas, la constante es la inacción de la CEAV para garantizar los derechos de las víctimas, aunada a la negación de servicios y derechos establecidos en la ley, lo que provoca que esa institución no cumpla su deber legal y, con ello, se convierta, a su vez, en una autoridad violadora de los derechos humanos de quienes está obligada a defender. Además de estos casos emblemáticos, decenas de sentencias de amparo han condenado a la CEAV a cumplir su obligación, lo que evidencia un actuar sistemático. Quizá ésa sea una de las causas por las que el comisionado ejecutivo se niega a comparecer ante el Senado y de cara a las víctimas.