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La semana pasada la Suprema Corte decidió escuchar los argumentos de un caso que podría redefinir el panorama político de Estados Unidos. En el caso Department of Commerce v. New York, la Corte tiene la tarea de analizar la legalidad de incluir una pregunta de ciudadanía en el censo que se realizará en Estados Unidos en el 2020. La pregunta cuya intención será revelar si los encuestados son ciudadanos documentados en Estados Unidos fue una idea que se diseñó al interior de la Casa Blanca con el fin de combatir la supuesta participación de migrantes no documentados en los procesos electorales. Si bien se ha comprobado que la votación de migrantes no documentados ha sido mínima o nula sin influir el resultado electoral, Donald Trump ha insistido que los miles de votos que Hillary Clinton recibió fueron de votantes “ilegales”. Así, cuando el secretario de Comercio, Wilbur Ross, motivado por Steve Bannon, comenzó a considerar la inclusión de esta pregunta en el censo, distintas asociaciones civiles se dieron a la tarea de demandar al Gobierno federal en las Cortes. Después de pasar por una corte distrital, el caso llegó a la Suprema Corte el martes 23 de abril.

La importancia de la posible inclusión de la pregunta sobre la ciudadanía en el censo del 2020 recae en que de los resultados de este se elaborarán los nuevos mapas distritales de los cuales dependen los distritos electorales y el numero de congresistas y votos del Colegio Electoral. El problema de incluir esta pregunta recae en que el número de personas que estarán dispuestas a participar en el censo disminuirá sustancialmente. En un estudio elaborado por diferentes politólogos reveló que inclusive la mención de una posible pregunta sobre la ciudadanía reducía el numero de latinos e inmigrantes dispuestos a participar en el censo. Una caída de personas que contesten el censo inevitablemente arrojará una muestra poco representativa donde los latinos y los inmigrantes estarán subestimados y la población en los distritos estará sobre contada en aquellos distritos con ciudadanos documentados y personas blancas. A falta de información, los distritos electorales serán rediseñados a la medida de la base electoral del Partido Republicano garantizando distritos que serán rojos hasta el próximo censo.

Durante la presentación de los argumentos, los jueces conservadores en general le dieron la razón a la Casa Blanca, mientras que los jueces liberales si reconocieron el daño que incluir la pregunta podría traer a la redistritación y asignación de recursos a los estados. Sin embargo, actualmente la composición de la Suprema Corte es de 5 jueces conservadores y 4 liberales por lo cual es altamente probable que los jueces tomen el lado de la Casa Blanca y la pregunta sea incluida. De la misma forma, la Corte ha buscado no inmiscuirse en casos donde se limite el Poder Ejecutivo a través del Poder Judicial, otra razón por la cual se espera que la inclusión de la pregunta sea permitida.

Se espera que la decisión de la Corte sea emitida en las siguientes semanas, ya que el censo iniciará dentro de unos meses. Si la pregunta sobre la ciudadanía es incluida dentro del censo cientos de organizaciones civiles se enfrentarán a la tarea de convencer a las comunidades latinas y de inmigrantes de participar en el censo, sin embargo, es altamente probable que fracasen. Si la participación declina como se ha estimado, la redistritación será un triunfo para los republicanos. Si bien hasta ahora los demócratas no han anunciado un plan de acción en caso de que la decisión de la Corte favorezca la inclusión de la pregunta es imprescindible que cuenten con un plan de acción para mitigar los efectos de la pregunta. Donald Trump puede ser el centro de atención de los medios y de los demócratas, sin embargo, los republicanos han encontrado que su mayor campo de acción está detrás del escenario donde a través de pequeños cambios y reformas están garantizando su permanencia en el poder por los siguientes años.