Twitter: @CarlosGuerreroO
Elba Esther Gordillo Morales, la “maestra”, exlíder sindical de la organización de educadores mexicanos más grande de América Latina, ya está libre de toda culpa en los procedimientos sobre lavado de dinero y delincuencia organizada en los que fue acusada. Triunfa la corrupción y pierde el Estado, al que de nuevo se la ha escapado la oportunidad de oprimir a los corruptos.
Trascendió esta semana que en las carpetas de investigación que estaban abiertas desde 2013 en contra de la “maestra”, la Procuraduría General de la República de México (hoy Fiscalía General de la República) habría ordenado liberar ciertos bienes propiedad de Gordillo, que se encontraban asegurados por ese órgano que se encarga de perseguir delitos como el lavado de dinero y la delincuencia organizada.
El morbo combinado con hartazgo hacia la impunidad naturalmente obliga a revelar que la “maestra” –la honrada– tendrá de vuelta y para su disfrute un piso ubicado en la exclusiva zona de Chapultepec Polanco, cuatro cuentas bancarias en Bancomer y tres en el Banco Nacional de México, entre otras muchas cosas más.
En los medios de comunicación y en las redes sociales se ha señalado que esa actuación es producto de un pacto entre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la lideresa Gordillo Morales –a cambio de apoyo político– o del vacío generado por el cambio en el mando presidencial –el regreso de los bienes tuvo origen durante la transición entre las administraciones del expresidente Enrique Peña Nieto y el actual titular del Poder Ejecutivo–.
Ya se sostenga con el paso del tiempo una u otra versión, la victoria arrasadora de Elba Esther sobre la procuración de justicia y sobre las Cortes revela de nueva cuenta el ligero compromiso que el Estado Mexicano tiene para combatir el lavado de dinero de personas políticamente expuestas y la corrupción sistemática que nos asfixia.
La perversidad de las decisiones y resoluciones como las comentadas, además de seguir ocultando la “verdad real” versus la “verdad legal” –pues nadie duda que la fortuna de Elba Gordillo es inexplicable– incide negativamente en el ánimo de los ciudadanos y en la credibilidad que ellos tengan en sus instituciones.
Esa es la impotencia. La del Estado que no pudo sancionar a nuestros representantes populares y a nuestros líderes por todas las operaciones que ejecutaron con recursos de procedencia ilícita e inexplicable. La de los ciudadanos que vemos con ojos de desconfianza a cualquier gobierno en turno.
Es Elba Esther el símbolo de que los políticos corruptos y autoritarios se perpetúan en la nube de la impunidad.