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Hay mucha teoría escrita sobre los derechos humanos y gracias a ello se ha logrado desarrollar un sistema de derechos y de garantías robusto, de alcance internacional, con aspiración universal, expansivo, interdependiente y complementario; autopoietico me atrevería a decir. Podemos afirmar que hemos avanzado años luz desde aquel 10 de diciembre de 1948, cuando se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pasando por los grandes pactos internacionales de 1966 y la consolidación de los principios que rigen a los derechos humanos en 1993, hasta la actualidad, en la que estas libertades fundamentales han transformado de fondo la concepción del sistema jurídico internacional, tanto teóricamente como en la práctica y, a su vez, esto se ha decantado en los sistemas legales nacionales de la gran mayoría de países.

Hoy tenemos un sistema normativo basado en los derechos humanos y creo que difícilmente habría alguien que pudiera argumentar en contra.

Fuente: la-prensa.com.mx

Pero infortunadamente no a todos los derechos se les ha reconocido el alcance, fuerza, aceptación, dimensión y profundidad de los derechos humanos consagrados en tratados internacionales y en constituciones nacionales; hay otros derechos que aún no logran vencer la barrera del Estado-Nación y de la soberanía decimonónica; hay otros derechos que son fundamentales e inherentes a la persona humana, pero que no cuentan con la etiqueta adecuada pegada junto a su nombre. Uno de estos derechos es el que está poniendo en crisis la estabilidad de Norteamérica y que está generando un enfrentamiento entre los gobiernos de Estados Unidos de América, México, El Salvador, Honduras y Nicaragua, entre otros:

El derecho a migrar y a buscar una mejor vida.

Tradicionalmente, el Estado-Nación se ha reservado, bajo la premisa del ejercicio de la soberanía, una serie de derechos que se han clasificado como “derechos de los ciudadanos”, es decir, que solo se adquieren cuando se cumple con los requisitos de ciudadanía establecidos por las leyes de determinado país; estos derechos son “otorgados” a una persona que cualifica para ello y no “reconocidos” a todo individuo por el mero hecho de ser persona; algunos ejemplos son el derecho a votar y ser votado para puestos de elección popular, el de desempeñar ciertos cargos dentro del gobierno nacional, el de dirigir las fuerzas armadas del país o el de ingresar a territorio nacional cuando se cumplan los requisitos migratorios, de seguridad y sanidad.


Esto implica que, hablando del último caso, cualquier país puede negar el ingreso a su territorio a cualquier persona extranjera que no cumpla con los requisitos que se exigen en las leyes migratorias y que no se encuentre en alguno de los supuestos de desplazamiento forzado internacional o que ameriten el otorgamiento de la calidad de refugiado o de asilado.

Es claro que esta concepción está profundamente enraizada en el gobierno del presidente Donald Trump, que plantea construir un muro en la frontera sur de los Estados Unidos y que, además, pretende que México constituya un dique de contención migratoria en la frontera sur de nuestro país. La respuesta del gobierno mexicano está en la otra orilla: la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha desmenuzado la posición mexicana señalando que nuestra nación abre las puertas a todos los centroamericanos que pretendan migrar, siempre y cuando se haga de manera ordenada y segura, y que, en caso de que dichas personas deseen llegar a nuestro vecino del norte, México no puede impedirles su tránsito hasta esa frontera.

Más allá de consideraciones políticas, de seguridad, económicas, etcétera, en lo jurídico, lo que se aprecia en la disputa entre Estados Unidos y México sobre las caravanas de migrantes centroamericanos, es la colisión de dos concepciones antagónicas del derecho a migrar. Puedo no estar de acuerdo con muchas posturas de nuestro gobierno, pero en este caso, me alegra estar del lado que defiende que cualquier persona tiene el derecho inherente a buscar una mejor vida en otro país.