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Sobre la mesa

Este domingo inició el programa piloto de afiliación de trabajadoras domésticas al Seguro Social, con el que se busca transitar del régimen voluntario al obligatorio.

Este programa piloto es la respuesta al fallo que emitió la Suprema Corte el 5 de diciembre de 2018 en el que declaró inconstitucional y discriminatoria la afiliación voluntaria de las trabajadoras del hogar al Seguro Social.

A partir del domingo, el IMSS sólo tiene 18 meses para proponer al Congreso la normativa que garantice la incorporación gradual de todas las trabajadoras domésticas al seguro social; el objetivo es que en 3 años el sistema de seguridad social para este sector sea efectivo y suficiente.

México tenía que comenzar con esto, sin embargo, no se trata de una carrera contra el tiempo. En Latinoamérica, Uruguay es el país con el porcentaje más alto de trabajadoras domésticas con seguridad social, un total de 66.7% al 2017, pero no fue algo que se logró en 3 años. A Uruguay le tomó 10 años llegar a esa cifra.

Nuestro país está atrasado en esta materia y no puede esperar a tener el esquema perfecto para atacar el problema, la clave está en ir adaptando el programa con base en las necesidades del sector que, dicho sea de paso, tiene distintas realidades.

Sin embargo, si deseamos tener aseguradas a todas las trabajadoras domésticas, antes…

… hay que preguntarnos si el IMSS tiene la capacidad de recibir a 2.4 millones más de personas.

Ahí es donde está el otro paso pendiente para el gobierno, porque a esto hay que sumarle la fusión que tendrá el seguro popular con el seguro social.

Ese no es el único pendiente, México no podrá garantizar los derechos laborales de las trabajadoras domésticas si no ratifica el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La ratificación de este convenio obligará al Estado mexicano a adoptar en su legislación la obligatoriedad de la seguridad social de este sector, delimitar las jornadas laborales y el acceso a derechos como permisos de maternidad, vacaciones, pensiones o incapacidad.

Hasta ahora, en la Cámara de Diputados hay pendientes cuatro iniciativas relacionadas al tema de trabajo doméstico, algunas rescatan puntos del Convenio 189 de la OIT, pero la única forma de que este convenio esté íntegro en nuestras leyes, es que el Senado lo ratifique, de otro modo, podrán modificar la ley en cualquier momento.

El trabajo doméstico ha estado rezagado durante mucho tiempo, un empleo que en algunas ocasiones raya en la esclavitud ¿por qué no pueden tener los mismos derechos que el resto de los trabajadores? Los derechos laborales no se le pueden quitar a ningún empleado, los gobiernos anteriores perdieron mucho tiempo en esta discusión, cuando lo importante era definir los esquemas con los que se garantizarían esos derechos.

El programa piloto es una buena forma de comenzar, ya no podíamos atrasarnos más, pero en el afán de cumplir con los tiempos que señaló la Suprema Corte, parece que el gobierno aún tiene más dudas que respuestas; por ejemplo, los incentivos fiscales para los patrones.

A lo anterior hay que sumar que, de acuerdo con el estudio “Perfil de los empleadores de las trabajadoras del hogar” el 50.7% de los empleadores no tienen seguridad social, es decir, la mitad de los patrones no están afiliados al IMSS, esto está estrechamente relacionado con el trabajo por cuenta propia.

Con esto retornamos a uno de los problemas constantes en el mercado laboral mexicano: la informalidad.

En conclusión, no es sólo el programa piloto, a México le urge ratificar el Convenio 189 de la OIT; adecuar el esquema con el paso del tiempo, sin pretender dar resultados a corto plazo (en ningún país se ha logrado de la noche a la mañana); incrementar la capacidad operativa del IMSS y, por último, atacar la informalidad.