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Cuando te toca, te toca… Ahora sí, al expresidente de Brasil, Michel Temer, le llegó la hora de responder por las acusaciones en su contra que lo persiguieron cuando estaba al mando del país, pero que ahora sin inmunidad ya no puede esquivar. Los señalamientos no son menores: peculado, blanqueo de capitales y corrupción… sí, ese delito que lleva arruinando la carrera de políticos y empresarios brasileños desde hace cinco años gracias a la llamada Operación Lava Jato.
Durante su presidencia, Temer estuvo en la cuerda floja y en al menos dos ocasiones en el Congreso trataron de levantarle la inmunidad, pero los intentos fracasaron gracias, en gran medida, a los compadrazgos que Temer -un veterano de la política- construyó en la Cámara de Diputados que encabezó tres veces.
Un muy buen cabildeo para librarla si consideramos que es señalado el presunto líder de una organización criminal que habría desviado unos 500 millones de dólares a lo largo de cuatro décadas.
Pero los intentos de llevarlo tras las rejas también fracasaron porque su detención se fue fraguando y cocinando a fuego lento y, como en política todo es Timing, llegó justo el día del cumpleaños del nuevo presidente brasileño Jair Bolsonaro -21 de marzo- y devolvió el foco de la atención pública a su promesa de campaña de acabar con el podrido sistema político del pasado… tapando por un ratito que su popularidad ha caído 16 puntos en tres meses de presidencia.
Así, Brasil ostenta hoy en día el récord de tener a sus dos expresidentes más recientes en la cárcel -aunque uno con sentencia y otro en prisión preventiva- básicamente por el mismo escándalo, uno de izquierda y otro de centroderecha pero con la mismas etiqueta en la frente “nadie está a salvo” de la limpieza anticorrupción encabezada por el presidente Bolsonaro que pone sobre la mesa la pregunta: ¿existe una cacería de brujas en Brasil?
Al día de hoy suman 155 políticos y empresarios condenados por casos vinculados a esa opaca relación que existe cuando se mezclan los negocios y la política. “Lava Jato” parece estar lejos de terminar, pero la forma en que se ha ejecutado ahora está bajo la lupa del Supremo Tribunal Federal (STF).
Las prisiones preventivas o la ejecución de penas de prisión antes de que se agoten todos los recursos judiciales han sido interpretados como un abuso de poder o procedimientos dictatoriales y tras un fallo del STF los delitos de corrupción y lavado de dinero vinculados con campañas políticas deberán ser enviados a la justicia electoral, la suerte de condenados como el expresidente Lula podría cambiar. Ya veremos.
Lo que sí es visible en este momento, es que las detenciones derivadas de “Lava Jato” han ayudado a subir el ánimo a los brasileños para recuperar la confianza en su sistema de justicia y volver a creer en la máxima de que el brazo de la justicia alcanza a todos.
Pero también han aumentado la tensión institucional en Brasil y la percepción de que existe una politización de la justicia más aún con un presidente que llegó al poder demonizando a la clase política, con la que -eventualmente- tendrá que haber reconciliación para que Bolsonaro pueda gobernar y hacer avanzar las reformas que necesita el país, que quizá no sean para portada de periódico pero generen un impacto a más largo plazo en la vida de los brasileños.