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Hace unos días se dio a conocer la resolución de la Suprema Corte, donde se determinó que los servidores públicos no pueden bloquear en la red social Twitter a los periodistas o ciudadanos por “incomodar” por los comentarios que realizan.

Esta historia se derivó de un amparo promovido por Miguel Ángel Carmona, periodista que fue bloqueado por  Jorge Winckler Ortiz, fiscal General del Estado de Veracruz. Y es que este precedente se ha convertido en la incomodidad total de ciertos “funcionarios públicos” y es que lo expreso así porque la idea de funcionario es el antiguo paradigma donde por tener un cargo las personas se sentían intocables.

Por ello se resolvió que fue vulnerado el derecho de acceso a la información, las redes sociales como Twitter en la actualidad son una vía de comunicación entre servidores públicos y los ciudadanos es decir una extensión de la vida pública para los que nos dedicamos al servicio de México. Y es justo que la esencia y el deber ser del servidor público es mantener una comunicación cercana y directa con las y los ciudadanos.

En la sentencia que propuso el ministro Eduardo Molina Mora, se estableció que la notoriedad pública no termina con la separación del cargo del servidor público, ya que cuando un ciudadano rebasa esa frontera para convertirse en figura pública, sus actividades siempre estarán sujetas al escrutinio social.

Ciertamente, existen comportamientos abusivos que propician las medidas de restricción y bloqueos pero para que esto sea validado es necesario que las expresiones se encuentren fuera de la protección constitucional.

Sin embargo, tenemos que la intolerancia y falta de conciencia de lo que representa el manejo de las redes sociales tiene consecuencias en la vida pública, porque los derechos se extienden al ámbito digital.