Twitter: @Manuel_JafetPV
En columnas anteriores he mencionado que es alentador el cambio de narrativa institucional hacia las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Se aceptan estos sucesos como errores u omisiones del estado, con el compromiso de no repetición.
El trabajo de algunos funcionarios como el de Karla Irasema, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), y Alejandro Encinas, al frente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, nos permiten pensar en cambios positivos durante el sexenio.
Se acabó la simulación, se acabó la impunidad y sea quien sea; la autoridad gubernamental, institución policial o militar van a ser sancionados. Es un compromiso para ir a fondo y generar las condiciones para conocer la verdad, hacer justicia y reparar el daño @GobiernoJalisco pic.twitter.com/n2YvqP1P2k
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) 21 de marzo de 2019
El 11 de marzo acontecieron dos sucesos que dan señales de estos cambios: el primero fueron los avances en la investigación de un grupo de migrantes secuestrados en Tamaulipas, el segundo fue una disculpa pública por el asesinato de Jorge Antonio y Javier Francisco, estudiantes del TEC de Monterrey.
Cinco días antes, el 7 de marzo, se encendieron las alertas, se reportó que en Tamaulipas habían sido secuestrados 22 migrantes. El suceso se dio muy cerca de San Fernando, donde en agosto de 2010 se había torturado y masacrado a 72 migrantes por parte del grupo criminal de los Zetas. Los temores a la repetición de una escena parecida ejercieron presión para la movilización de las autoridades.
Para ese entonces el secuestro de migrantes apenas era un nuevo rubro en el negocio del narco. La falta de documentación y redes de contactos convierten en muchos casos a los migrantes en personas invisibles, esto es aprovechado por grupos criminales para enrolarlos en sus filas bajo coerción. De acuerdo a un testimonio, los migrantes fueron secuestrados por ocho personas y posteriormente los llevaron a un alejado rancho. Al día siguiente, les dieron dos opciones: trabajar para Los Zetas o la muerte, sólo uno aceptó el empleo.
A su paso por México los migrantes tienen que afrontar interacciones constantes con grupos del crimen organizado. Un informe que publicado el año pasado por el Centro Robert Strauss para la Seguridad Internacional y el Derecho de la Universidad de Texas en Austin, identificaba a tres tipo de actores criminales que los migrantes encuentran a su paso: delincuentes locales, pandillas y organizaciones criminales transnacionales.
La gravedad de los crímenes perpetrados por estos grupos cambian de acuerdo a su estructura. Los delincuentes locales y las pandillas son mas propensos a ejercer delitos menores como robo, extorsión, asalto y agresiones sexuales. Mientras que los grupos criminales mas organizados aumentan la sofisticación de los crímenes, para ellos es posible operar redes de tráfico de personas, cobrar derecho de paso o ejecutar a 72 personas a sangre fría. Para que los segundos puedan operar es necesario la omisión o complicidad de las autoridades en alguno de los tres ámbitos.
El subsecretario informó que ya hay pistas sobre el paradero de los 22 migrantes, y que la investigación se está realizando en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y la Secretaría de Protección Ciudadana.
El involucramiento de estas dependencias es importante no solo en la resolución del caso, sino en la generación de una estrategia de atención y respuesta a este tipo de crímenes. El flujo migrante no se va a detener en el corto o mediano plazo, incluso muestra señales de aumento derivadas de la fallida estrategia del gobierno de Donald Trump.
Los últimos números del Gobierno estadounidense evidencian que las amenazas de Trump no fueron suficientes para disuadir la entrada ilegal de más de 76 mil personas en el mes de febrero, el dato mensual más elevado en 12 años. Dicha cifra es el doble de entradas ilegales registradas en 2018.
De octubre a febrero se contabilizaron 136 mil 150 ingresos con lo que se ha superado, en sólo cinco meses, la cifra de 2018. Lo que sí puede provocar las medidas del gobierno de Trump es elevar el costo de traslado y cruce fronterizo, lo que obligaría a los migrantes a contar con mayor liquidez monetaria para afrontar el viaje o a vincularse con grupos criminales cuya estructura permita sortear el cruce. En ambos casos aumenta la vulnerabilidad de estas personas y las ganancias para grupos del crimen organizado.
El mismo informe detalla al secuestro como el delito más lucrativo que se comete y es realizado sobre todo por organizaciones criminales transnacionales. Gracias al secuestro, los grupos del crimen organizado pueden ganar unos US$5.165 por migrante y hasta US$20,5 millones al año.
La masacre de San Fernando, así como el asesinato de los dos estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo ocurrieron en 2010. No eran criminales, ni sicarios como dijo el gobierno de Felipe Calderón, solo estaban en el momento y lugar equivocados, como cientos de mexicanos y extranjeros que hoy forman parte de las estadísticas Sin embargo, no nos puede bastar con conocer la verdad. Hace falta justicia y medidas de no repetición para que dentro de nueve años no estemos en el mismo punto.