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La división de poderes no es solamente es un concepto de la teoría política, también es una realidad que afecta a todos y cada uno de los ciudadanos de un país. ¿Por qué? Porque cuando el poder se concentra en un solo punto (ya sea una persona o grupo), no hay nadie que pueda limitar los abusos que desde ese punto de poder se originen; es decir, si no hay nada ni nadie que limite al monarca, él podrá ordenar la ejecución de uno de sus súbditos en cualquier momento y por cualquier razón.


Tradicionalmente, la división ha sido en tres: Ejecutivo, que administra el Estado; Legislativo, que construye un marco jurídico; y Judicial, que resuelve controversias. Esto nos garantiza a los ciudadanos que nadie -ni una institución ni una persona- acumula todo el poder y que esos órganos se limitarán unos a otros, pero en la práctica no funciona tan fácil. No funciona por arte de magia. La invalidación de una norma o de un acto de autoridad por el Poder Judicial, la ejecución de la ley por parte del Ejecutivo o la fiscalización del gobierno por parte del Legislativo, no funcionan en automático; mucho menos funcionarán sin la vigilancia y participación de los ciudadanos.

Un solo grupo, por ejemplo, podría hacerse constitucional y legalmente de los diversos órganos que conforman este sistema de pesos y contrapesos; mientras las mayorías electorales les permitan ocupar espacios en el Congreso y en el Ejecutivo, lo único restante sería el Poder Judicial. Ese es, justamente, el escenario que vivimos en México: Morena ganó en las urnas la Presidencia de la República y la mayoría en las Cámaras, solo queda conquistar los tribunales.

El embate del lopezobradorismo al Poder Judicial es muy claro: en la Corte, perfiles convenientes para el presidente, para los demás, amenazas. Empecemos con esto último, el López Obrador ha dicho que exhibirá a los jueces que no actúen como él espera (argumentando que “liberan” a los delincuentes); esto no es más que la persecución política de funcionarios que, dentro de su autonomía, toman decisiones que no le agraden a AMLO. Para ejemplos está el caso del titular de la CRE.

En el caso de la Suprema Corte, parece inaudito que Andrés Manuel haya enviado la terna que envió al Congreso. Siempre criticó los cochupos y el amiguismo, prometió más. Mintió. Con terrible cinismo propuso a dos militantes de Morena y a la esposa de su contratista favorito, que finalmente fue aprobada por los senadores obradoristas y algunos más.

La crítica a la llamada #MinistraContratista no es “por ser la esposa de…”, sino porque aun siendo la esposa del contratista favorito del presidente, recaen sobre ella acusaciones de malos manejos de la justicia a favor de su marido. Si se hubiera recusado de loas asuntos o conflictos que involucraban a su esposo, otro gallo cantaría.

Así, hoy tenemos en la Suprema Corte a una mujer que, por mejor calificada que esté, es un riesgo para la división de poderes. En una de esas y le toca ayudar a su esposo desde Pino Suárez. Por eso es fundamental vigilar y defender la Corte y a todo el Poder Judicial, porque ellos son los que, eventualmente, defenderán nuestros derechos.