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En México, así como en gran parte del mundo, las condiciones de discriminación hacia la mujer en la vida política han trascendido de generación en generación, llegando al extremo de negarles el ejercicio de sus propios derechos, al obstruirles el acceso a la toma de decisiones públicas, y aplicando políticas que refuerzan la condición de desigualdad.
Y es que resulta impresionante que se ha pasado por alto la importancia de tener un equilibrio en los puestos de alto rango político, buscando siempre a la persona más capacitada para ejercer un cargo, independientemente de su género.
Llama la atención, que en 2017, sólo un 23% de las y los parlamentarios a nivel mundial eran mujeres, y únicamente un 18% de los cargos ministeriales estaban ocupados por mujeres; la mayoría de ellas ocupando puestos en los sectores como medio ambiente, recursos naturales y energía. Todo esto a pesar de cada vez es mayor el número de mujeres que se presentan como candidatas a diversas elecciones, y cuya experiencia y formación es igual o mejor a la de candidatos hombres.
Datos como los anteriores nos hacen cuestionarnos ¿hasta qué punto han asumido los Estados su obligación de crear ámbitos propicios para la participación política de las mujeres en calidad de votantes, candidatas, y funcionarias?
Hablando específicamente del caso de México, en 2014 se aprobó la reforma de los partidos políticos con el propósito de asegurar su democratización interna y mejorar las probabilidades de que las mujeres aspiren a ocupar cargos públicos, aplicando el término de cuotas. Sin embargo, este tipo de cuotas exclusivamente aplica para las candidaturas a los congresos, y no así para espacios como el gabinete presidencial, donde actualmente hay 8 mujeres al mando de secretarías de Estado. Por otro lado, en la historia de nuestro país sólo hemos tenidos 6 candidatas presidenciales, mientras que en las más de 300 elecciones a gubernaturas estatales, desde que la mujer tiene derecho a participar, solamente hemos tenido 8 gobernadoras, de las cuales 2 de ellas ostentaron el cargo de manera interina y otra ocupó el puesto por 10 días.
Estas tendencias reflejan un aspecto cultural en el que ha dominado el machismo, al mismo tiempo que se expresa el acceso limitado al poder del sector femenino de la población. Se está pasando por alto que las mujeres están afirmando su influencia como grupo de votantes, y que como funcionarias están tratando de transformar la política, logrando convertir una “cuestión de mujeres” en una cuestión de interés para el público en general.
Finalmente, el empoderamiento de la mujer requiere de un compromiso orientado al fortalecimiento de los derechos humanos, la igualdad y el desarrollo integral del país. Lograr una paridad sustantiva recae en todos y aunque ha sido un proceso lento, en 2018 el Congreso de la Unión quedó conformado por el mayor número de mujeres en la historia del país, con un 48.40%. Se debe seguir este camino para alcanzar la homogeneidad en la representación numérica en los distintos niveles de poder en México, y así lograr sobresalir como un Estado que valora las capacidades y experiencias, y no el género.