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En junio de 1971, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Richard Nixon hizo un anuncio que marcaría la narrativa histórico social en lo que respecta al tratamiento político sobre una práctica humana: el consumo de ciertas drogas y el hecho económico de su oferta.
En este sentido, al declarar como: “enemigo público número uno” al “abuso de drogas”, junto con una fuerte presión internacional, el titular del ejecutivo estadounidense logró enfocar los esfuerzos hacia una securitización del control de las drogas y afianzar una prohibición basada en el pánico moral. Años después, John Ehrlichman un exasesor de la Casa Blanca declaró para la revista Harper´s Magazine que la “guerra contra las drogas” inaugurada por Nixon se concentraba en identificar minorías y encarcelar grupos subversivos.
Esta aproximación, fue secundada por la administración Reagan, Bush y Clinton, la cual configuró una serie de conflictos sociales altamente negativos, como el estigma y la discriminación, así como alentar conflictos internacionales socavando regiones enteras, fortaleciendo el crimen organizado, alentando el tráfico ilícito y la aparición de nuevas drogas.
En este orden de ideas, los planes de orden geoestratégico y sociales so pretextos del control de drogas se han configurado en México desde los años 70 con ejercicios como el Plan Intercepción o el Plan Cóndor, hasta el Plan Mérida y las extradiciones de traficantes.
A partir de los años 90 con el proyecto de integración de México a Norteamérica, el papel de las Fuerzas Armadas en el combate a las drogas ha tomado un papel preponderante siendo desde el sexenio de Vicente Fox un recurso utilizado mediante operativos especiales y de ocupación territorial, es quizá el periodo de la administración de Felipe Calderón cuando más notoriedad tomó la llamada “guerra contra las drogas mexicana” enfocada a grupos del crimen organizado.
En este sentido, según las propuestas de campaña y documentos disponibles proporcionados por la 4T se ha pretendido establecer una nueva narrativa y cambiar los enfoques del llamado “combate a las drogas”. Incluso López Obrador en conferencia de prensa declaró que la guerra había terminado.
En un documento disponible en la página del Senado, denominado Estrategia Nacional de Seguridad Pública, se incluye el apartado Reformular el combate a las drogas. En 4 páginas, el texto decae por la consistencia interna de sus argumentos y pareciera quedar en un documento de propaganda política. La intención loable por historiar la prohibición, identificar ejes basados en la responsabilidad y la libertad individual de las personas que usan drogas, insinuar la separación de mercados, la distinción entre sustancias; la reinserción y la desintoxicación, el esfuerzo se derrumba, tanto por la evidencia actual, como en la narrativa, pues se establece un vínculo entre la violencia que genera el consumo de la metanfetamina con el panorama adverso.
En conclusión, observo que el lenguaje no cambia en la nueva administración, pues en lugar de reformular la estrategia de control de drogas, se sigue poniendo énfasis en el “combate”; en términos prácticos la guerra contra las drogas sigue y a las pruebas me remito, pues hace unos días se hizo público un video de corte espectacular de la Armada incautando cocaína con un helicóptero Black Hawk en Sinaloa.