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La desgracia no tiene fronteras y no distingue entre ricos o pobres, gente con estudios o sin ellos, culpables de algún delito o inocentes que estuvieron en el lugar equivocado en el momento incorrecto. En México, la desgracia que todos los días viven millones de personas recorre el país de un extremo a otro, va de costa a costa y se detiene igual en una gran ciudad que en un poblado de con pocos habitantes. La victimización es esta constante que solamente puede explicarse gracias a la impunidad que se ha enraizado en lo más profundo de nuestra nación.

De Tlahuelilpan, Hidalgo, a Tecomán, Colima, solo hay un par de semanas de diferencia, pero en ambos lugares presenciamos la cruda realidad que se repite incesantemente en todo el territorio nacional, aunque también atestiguamos dos formas institucionales que contrastan. En Tlahuelilpan la cifra de personas fallecidas por la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (PEMEX) llegó a 130, mientras que 170 niñas y niños quedaron en estado de orfandad por la muerte de alguno o ambos de sus padres. Se hizo público que los familiares de las víctimas directas recibirán una “indemnización” que asciende a 15 mil pesos, mediante programas federales de apoyo de la Secretaría del Bienestar, pero es evidente que ello no cubre los requisitos mínimos de una reparación integral, que permita que, por ejemplo, esos menores no vean truncada su vida por la falta de sus padres.


La tragedia apenas inicia para estas niñas y niños que no tienen culpa alguna del hecho y no parece haber señales que indiquen que la autoridad en materia de atención a víctimas del Gobierno Federal, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, esté cumpliendo con sus obligaciones legales en materia de ayuda inmediata y reparación del daño.

En Tecomán las cosas no son distintas; se localizó un total de 49 fosas clandestinas que contenían 69 cuerpos de personas desaparecidas, algunas de ellas asesinadas hace más de cinco años. La diferencia institucional es que, de inmediato, personal de la Comisión Nacional de Búsqueda y las autoridades locales iniciaron los trabajos para exhumar los cadáveres y llevar a cabo los protocolos de identificación. No es la primera fosa clandestina que se encuentra en México, ni tampoco es la que contenía más cuerpos enterrados, pero cuando se trata de la integridad, la libertad y la vida de una persona, no caben las ponderaciones cuantitativas o las consideraciones respecto al fuero del delito.

La clave en esta labor es la voluntad institucional para atender a las víctimas aplicando los principios de debida diligencia y de máxima protección que están consagrados en la Ley General de Víctimas, que obligan a la autoridad a remover los obstáculos administrativos que se presentaren, con la finalidad de salvaguardar los derechos de las personas en atención. Da mucha esperanza que, en los primeros días de la nueva administración en la Comisión Nacional de Búsqueda, su propia titular Karla Quintana Osuna, estuviera directamente en el lugar donde se ubicaban las fosas clandestinas, porque esa es la razón de ser de esa institución: una comisión de búsqueda que no salga al territorio a buscar a las personas que nos faltan es un mero adorno administrativo, y lo que vimos en esta ocasión genera mucha esperanza.

Infortunadamente estas historias se van a seguir repitiendo en nuestro querido México y las autoridades de todos los órdenes de gobierno, pero en especial las del ámbito federal, deben estar a la altura de las exigencias y atender con celeridad los casos que, como estos que se han narrado, implican la pérdida masiva de vidas humanas y que, además, constituyen una sistemática afectación a los derechos de las víctimas directas y de las indirectas.

Mientras tanto, en Tlahuelilpan, las víctimas siguen esperando.