Twitter: @RobertoBorbolla 

Hasta donde sé, seguimos viviendo en un Estado constitucional de Derecho; no sé si Andrés Manuel y su camarilla se despertaron –desde el 1 de diciembre– en otro país, porque no han parado de violentar la Constitución, las leyes y las instituciones.

Un Estado de Derecho implica, en términos generales, que la actividad estatal está limitada por la Constitución y las leyes aprobadas; eso garantiza el cumplimiento y control de los órganos de poder. Así, se hacen necesarias la existencia de una diversidad de instituciones que se dividan el poder, que articulen un conjunto de pesos y contrapesos.

No hemos llegado a ese arreglo de un día a otro, sino que es resultado de una evolución de muchos años; de prueba y error, de ajustes y reformas. Una de las expresiones más terminadas de esa tendencia son los derechos humanos y su avance en los sistemas jurídicos de todo el mundo; esto, porque es fundamental un Estado fuerte (que no monstruoso) que garanticen las libertades de sus ciudadanos.

La fortaleza de ese Estado depende, en gran medida, de la calidad de sus instituciones, procesos y normas. Desafortunadamente eso no conviene al proyecto político de nuestro presidente; si existe un Estado de Derecho, no puede existir alguien que nos “salve”.

Para que López Obrador pueda mantener su performance de eterna campaña, es necesario que sea él el que directamente hable con el pueblo, para eso sus mañaneras; él el que ayude a los niños, para eso acabar con las estancias; él el que resuelva la crisis de inseguridad, para eso la Guardia Nacional. Solo destruyendo las instituciones podrá capitalizar, para sí mismo, los “triunfos”.


Obrador habla en serio cuando se refiere a la construcción de un “nuevo” régimen; sin embargo, el “nuevo” régimen no es uno de instituciones, sino de caudillos. El “nuevo” régimen es, más bien, uno añejo. Porque es en el pasado donde se encuentra el país utópico que nos vendieron los libros de la SEP, de esos años son los héroes a los que el presidente admira; sin embargo, ahí también encuentran origen las grandes fallas y errores: un partido hegemónico, la inestabilidad, la falta de instituciones.

Es fundamental que defendamos a nuestras instituciones. La autonomía del Poder Judicial, de la Comisión Reguladora de Energía, del Legislativo; la importancia de las leyes y de la Constitución; la fundamental idea de tomar decisiones con la mayor cantidad de información posible. Solo así podremos defender nuestros derechos y nuestras libertades; solo así podremos plantarnos ante los juicios sumarios que hace el presidente desde su púlpito.

Únicamente nosotros somos los responsables del presente y futuro de nuestro país. Nadie, más que nosotros, podrá exigirle al poder que rinda cuentas y que se controle; desde las decisiones del presidente municipal o un regidor, hasta un secretario de Estado o del mismo presidente. Corrijamos lo necesario y sancionemos las corruptelas, pero defendamos nuestro Estado de Derecho.