Twitter: @CLopezKramsky
México se convirtió en una fosa clandestina debido a la indolencia de muchas autoridades que atestiguaron y minimizaron el drama de la desaparición de personas. Llámese como se llame, desaparición por particulares, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, desaparición de persona, o cualquier otra denominación que la dogmática penal quiera darle, el hecho es que, en nuestro país, durante los últimos veinte años al menos, decenas de miles de personas se han esfumado sin dejar rastro.
Es tan grande la tragedia y tan profundo el poco interés gubernamental que en la actualidad no tenemos un número cierto de personas desaparecidas; hay bases de datos que estiman 28 mil ; otras incrementan a 36 mil; la Comisión Nacional de Búsqueda ha llegado a poco más de 40 mil y diversos colectivos incluso calculan más de 200 mil.
A ciencia cierta, no sabemos cuántas personas nos faltan.
Y si no sabemos cuántas personas nos faltan, menos interés existe por parte de las autoridades para buscarlas y, más aún, para atender de manera integral las necesidades de los familiares (víctimas indirectas) que dejan todo para dar la batalla en las fosas clandestinas, en los servicios médicos forenses, en las fosas comunes de los cementerios, en los prados bañados de sangre de personas que no tuvieron la oportunidad de defenderse. No hay un esquema gubernamental que permita que la autoridad haga frente a este flagelo y que encabece la búsqueda de personas desaparecidas con vida –primordialmente- y la de personas fallecidas no reconocidas en fosas clandestinas. México está repleto de cadáveres y no hay quien ponga la cara en el gobierno para enfrentar esta cruda realidad.
Durante muchos años, la búsqueda de las personas desaparecidas se ha dado principalmente por sus familiares, quienes de manera individual o en colectivos de víctimas se han dedicado a conseguir información, procesarla, atar cabos, sacar conclusiones, ubicar casas de seguridad o localizar fosas clandestinas; son las familias las que han desarrollado técnicas de búsqueda en terrenos en los que se sospecha hay cuerpos; son las familias las que han desenterrado a sus muertos y, entonces, solo entonces, las autoridades aparecen para anunciar el hallazgo. Durante años las personas desaparecidas han sido botín de la delincuencia organizada pero también de las autoridades. Eso debe cambiar.
En el año 2018 se instaló la Comisión Nacional de Búsqueda que fue creada al entrar en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cuyo primer titular Roberto Cabrera, no pudo consolidar un presupuesto para la Comisión, ni la operación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, ni la instalación total de las comisiones de búsqueda estatales (solo operan 10 en todo el país). Si bien hay algunos avances institucionales en materia de registro de personas desaparecidas o no localizadas, el balance es negativo ante las altas expectativas que se tenían de esta institución antes de su creación.
Para iniciar 2019, el extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda presentó su renuncia y se abrió un nuevo proceso de elección de comisionado, en el cual 11 personas se han inscrito con el respaldo de colectivos, expertos y organizaciones de la sociedad civil: Karla Irasema Quintana Osuna, actual titular de la Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas destaca entre ellas. Quien sea elegido para dicho encargo tendrá como primera responsabilidad hacer que el combate y erradicación de la desaparición de personas sea, por fin, una prioridad en el gobierno federal y dar forma a un sistema nacional de búsqueda eficaz y de atención integral a las víctimas directas e indirectas.