Twitter: @MauricioAceves 

Las múltiples cirugías que tuvieron por objeto conformar una Policía Federal (PF) profesional y depurada en el último decenio, no fueron suficientes para concretar un organismo policial con la capacidad y alcance para ser desplegado en todo el territorio por diferentes impedimentos, el primero de ellos fue la cooptación criminal a nivel municipal y estatal, lo cual incapacitó las acciones de las estrategias trazadas por las cúpulas federales, el segundo fue la transformación de la naturaleza delictiva derivada de la radicalización provocada por la guerra contra el narcotráfico, la cual urgió una mayor participación del ejército, ambos factores ralentizaron el desarrollo de la policía entre 2006 y 2012; el tercer factor y el más relevante fue la falta de tiempo.

La fusión entre la SEGOB y la SSP en 2013 fue una metodología incorrecta para lograr una meta necesaria.

Como lo era reducir las fallas administrativas que incidieron negativamente en la coordinación interinstitucional del sistema de seguridad. Los errores operativos persistieron debido a que la mayoría de responsabilidades del SSP recayeron en el Comisionado Nacional de Seguridad, pero no así la mayoría de sus facultades, disminuyendo francamente su cadencia; por otro lado, la fusión más allá de crear una dependencia fortalecida, terminó por crear una SEGOB con dificultades para maniobrar entre sus múltiples deberes debido su tamaño y laberíntico organigrama.

Las carencias y vulnerabilidades de las policías locales y el estancamiento de la PF fueron problemáticas desestimadas que agravaron la crisis de seguridad en los últimos cuatro años, siendo la militarización de la seguridad pública la respuesta recurrente, circunstancia que no nació en este sexenio o en el anterior, sino que cuenta con antecedentes añejos de difícil rastreo, tal vez con la delegación del combate del narcotráfico a los generales en la década de los cincuenta.

La militarización policial ha avanzado constantemente durante el siglo, primero como una medida temporal, luego permanente y hasta hace poco se ha vuelto irreversible, desapareciendo así el proyecto de consolidar una instancia civil moderna, prevista a largo plazo y acotada a la seguridad pública, es decir, a la salvaguarda de los derechos y las libertades de los ciudadanos, así como al combate y prevención del delito.

Se trata de la historia de una PF que no será, pero que es el preludio de una instancia híbrida sin par en el acervo de las prácticas internacionales, ya que a pesar de las semejanzas con cuerpos de seguridad chilenos, franceses, españoles, etc., se trata de una fuerza sui generis y de un paradigma emergente que diluye la frontera entre la Seguridad Nacional y la Seguridad Pública.

A reserva de lo que se resuelva en el Senado el próximo mes, la Guardia Nacional tendría el reto de consolidarse bajo una presión política y mediática sin precedente, enfrentará de lleno tanto a la sofisticada criminalidad predispuesta ejercer la violencia extrema como a una numerosa baraja de responsabilidades en mitad de un proceso de conversión policial, mientras que en otro flanco encontrará la lupa de la observancia civil y de los organismos internacionales.

En este escenario la urgencia por anunciar logros no debe ser un factor para la toma de decisiones, tal supuesto terminará por afectar dramáticamente a ambos frentes, por otro lado, aprender de las lecciones del pasado reciente será indispensable para afrontar una realidad impaciente que no permitirá margen de error. 

La Guardia Nacional sería una instancia sin par en el acervo de las prácticas internacionales y un nuevo paradigma para la Seguridad.