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“Sin justicia y sin respeto por los derechos humanos no puede haber paz”.

– Irene Khan

De acuerdo a los datos presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el mes de diciembre registró la cifra más alta de homicidios desde que se tiene registro.

En diciembre de 2018, fueron víctimas de homicidio doloso 2 mil 914 personas, 74 fueron víctimas de feminicidio. En comparación con 2018 la tasa de homicidios tuvo un alza del 9%. El año anterior se contabilizaron 34 mil 202 personas asesinadas. La cifra es estremecedora e indudablemente te habla de un problema extraordinario de violencia que tiende a replicarse y para el que se requieren medidas extraordinarias.

Durante los meses del gobierno de transición se escuchó hablar sobre la propuesta de ocupar la Justicia Transicional para dar pie a procesos de pacificación en el país. Este instrumento de justicia alterativa es una forma de abordar la justicia ordinaria. Generalmente se desarrolla en épocas de transición desde una situación de conflicto armado y de represión estatal, propias de dictaduras o gobiernos militares.

Se conforma de cuatro componentes que parten de la bu?squeda de verdad para poder realizar juicios penales y dar la reparación para las vi?ctimas. Después se realizan reformas institucionales para garantizar la no-repeticio?n de las violaciones a los derechos humanos e implementan programas de desmovilizacio?n y reintegracio?n.

Para lograr esto es necesario el consenso entre los distintos sectores de la sociedad, en donde no puede caber la impunidad.

Existe cierto debate sobre si un modelo de justicia Transicional podría aplicarse considerado el contexto mexicano, yo pienso que sí. Concuerdo con el texto del profesor Guillermo Prieto “Justicia transicional, hoy más que nunca“.

En materia de construcción social de la narrativa, resulta un tanto alentador el cambio en el discurso de estado. No hay que ir mucho tiempo atrás, por ahí de agosto de 2018, para recordar que el gobierno de Enrique Peña Nieto buscaba impedir la creación de un mecanismo extraordinario que permita conocer la verdad y hacer justicia en el Caso Ayotzinapa.

Tan solo unos meses después, el 15 de enero de 2019, se instalaba formalmente la “Comisión presidencial para la verdad y el acceso a la justicia en el Caso Ayotzinapa” por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador. 5 días antes el Gobierno se disculpó, 14 años después, por violaciones a los derechos humanos de la reportera Lydia Cacho.

Esta narrativa da pautas para la búsqueda de la verdad y construcción de la memoria. Al mismo tiempo que fomenta políticas basadas en la atención integral de las víctimas. Sin embargo, es insuficiente para cambiar los patrones de violencia puesto que estos siguen replicándose con impunidad.

El 22 de enero se dieron cita académicos, miembros de la sociedad civil y representantes de colectivos de víctimas para presentar el documento titulado “Propuesta ciudadana para la construccio?n de una poli?tica sobre verdad, justicia y reparacio?n a la vi?ctimas de la violencia y de las violaciones a derechos humanos”.

Dicho documento propone crear un Mecanismo Internacional contra la Impunidad en México (Micim), en colaboración con la ONU, cuya labor será investigar delitos relacionados con afectaciones a la libertad, la integridad personal y la vida, cuando éstos se hayan cometido de forma masiva, sistemática o generalizada.

En esta ocasión el documento fue presentado a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Habrá que esperar a ver si es retomado para la construcción de paz o solo queda en el discurso.