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En Ciencia Política el término polarización podría entenderse como un proceso en el cual la opinión pública se divide en extremos opuestos, y quizá las opciones de corte conciliador y “moderadas” pueden perder influencia. En este sentido, en 2018 la polarización que se vivió en el ambiente social y electoral a nivel global permeó también dentro del campo de las políticas de drogas en América.
Por un lado, la reforma y legalización mercados de cannabis en Canadá y estados de la unión americana siguen configurando esquemas entre regulación de derivados farmacéuticos y regulaciones de lo restrictivo a la total liberalización comercial, y aunque las encuestas de opinión en esos países arrojen resultados alentadores como la encuesta Gallup respecto a la aprobación de la legalización de la cannabis en Estados Unidos con un 66% de aprobación, lo cierto es que en general siguen permeando los estereotipos negativos y recelo a los usuarios de cannabis en los medios masivos de difusión aún y cuando la misma encuesta arroja que un 65% de norteamericanos consideran moralmente aceptable fumar mariguana.
En otro orden de ideas, las muertes por sobredosis siguen en alza, la criminalización así como como la falta de estrategias estatales integrales para mitigar los daños y prevenir las muertes continúan mermando la salud pública, en tanto, la polarización y búsqueda de chivos expiatorios en las normas y en la narrativa pública, se reflejan quizá en el encono y discurso respecto a la culpabilidad de los usuarios, los dealers (vendedores al detal) o los traficantes.
En perspectiva, otro ejemplo de polarización en América de habla hispana se dio en Colombia con el Decreto 1844 de 2018, también conocido como el decreto de la “dosis mínima”, que inhabilitó La Ley 30 de 1986, con la cual se despenalizaba la portación y consumo de sustancias psicoactivas. A este respecto, se prevén al menos cuatro consecuencias negativas con esta medida: seguir confundiendo el consumo problemático con el que no lo es, abandonar el enfoque de salud y desarrollo social, aislar a quienes necesiten de servicios de salud y fomentar la discriminación y estigmatización.
Este cambio en Colombia propuesto por el presidente conservador, Iván Duque, abona a la polarización en el tema de política de drogas, que por muchos años académicos, organismos no gubernamentales e internacionales documentaron los efectos negativos de la aplicación de políticas apegadas a los esquemas más estrictos del régimen internacional de prohibición.
En este sentido, en México la opinión pública ha ido cambiando la percepción negativa, por ejemplo sobre la cannabis, sin embargo, la última encuesta del CESOP de la Cámara de Diputados sigue arrojando cifras de una
clara polarización en la sociedad donde al menos la mitad de la población desaprueba el uso adulto de marihuana e incluso, el 69.4 por ciento sugiere que habría más “adictos” si se legalizara la mariguana .
En conclusión, la polarización política no necesariamente signifique efectos negativos, pero si agudiza las percepciones negativas y la ausencia de diálogo como se observa en el sur global, donde prepondera un retroceso en términos de política pública mediante un afianzamiento del control punitivo sobre drogas con la implementación de prisión preventiva y esquemas de gestión de la seguridad ciudadana con aparatos policiales semi militarizados.