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Noviembre de 2017… Patricia tiene 50 años, es la primera vez que viaja fuera de México… va a Costa Rica, pero no a pasear.

“No me gusta levantarme y oler ese olor a violación”.

Me dijo cuando la conocí ese noviembre afuera del Mercado Belisario Domínguez en Texcoco, Estado de México, un día después tomaría el primer avión en su vida.

La conocí ahí, en ese mercado en donde once años antes, el 3 de mayo de 2006, todo cambió: el conflicto por la construcción de un aeropuerto… un operativo contra floricultores…. ebullición social… Patricia, su padre y su hijo en medio de todo… detenciones indiscriminadas y colectivas. A Patricia le tomaría dos años y ocho meses volver a casa.

Fue ingresada al Centro de Prevención y Readaptación Social “Santiaguito”, en Almoloya, acusada de lesiones, portación de arma prohibida y ultrajes, pero antes, fue torturada física, emocional y sexualmente por policías municipales. Tenía 38 años.

“No me gusta levantarme y sentir miedo… quiero justicia para mi dignidad…”

Once años después fue a buscar esa justicia fuera de su país, a Costa Rica, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Ella junto con diez mujeres que denunciaron ante instancias internacionales abuso sexual durante la represión de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco. Once de 31 en total.

El primer avión en su vida… Fuera de su país… no a pasear, a buscar justicia… Para ella y sus compañeras, el solo hecho de llevar su caso ante la CoIDH fue un acto de justicia, que se concretó el 21 de diciembre pasado cuando se publicó la sentencia del organismo sobre el caso Atenco: el Estado mexicano es responsable por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra las once mujeres en Atenco y debe realizar una investigación exhaustiva para sancionar la represión y tortura sexual.

La sentencia de la CoIDH es más que una victoria para Patricia y sus compañeras de lucha, que tras doce años de espera se hicieron más fuertes con la campaña Rompiendo el Silencio, todas juntas contra la tortura sexual, es también una oportunidad para el país de romper con la cadena de impunidad que rodea la práctica de la tortura sexual por parte de fuerzas de seguridad durante las detenciones.

Es además un elemento a considerar a futuro y en el marco de la discusión del nuevo modelo de seguridad pública en nuestro país para que éste tenga un enfoque ciudadano, controles y fiscalización externa e independiente y, fundamentalmente, excluya de las tareas de seguridad a fuerzas militares.

En México cada año se presentan en promedio dos mil denuncias de tortura y de 2015 a la fecha se han abierto 8 mil 335 investigaciones por ese delito, pero solo se han consignado 17 expedientes.