El Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría de votos, la iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Salud, en la que confiere a personal del sistema de salud la decisión de negarse a atender personas de la comunidad LGBT, si ello atenta contra principios o convicciones religiosas.
La medida también considera que la atención puede ser negada a personas indígenas, migrantes, mujeres que quieren abortar y pacientes con VIH, bajo el argumento de “objeción de conciencia”, que supone el derecho a realizar determinados actos o cumplir una orden de autoridad cuando estas contradicen los principios éticos o morales.
La iniciativa fue promovida por el diputado con licencia Juan Carlos Leal, del Partido Encuentro Social (PES).
Además, la diputada María Guadalupe Rodríguez fue quien presentó el dictamen y que “recientemente […] se expidió el Código de Bioética, en cual se hace referencia al tema del artículo 28, el cual dice lo siguiente:
“El personal de salud, podrá rehusarse a aplicar medidas diagnósticas y terapéuticas que a su juicio pongan en riesgo la vida de los pacientes o su descendencia, bien sea a petición de los propios pacientes, de sus superiores jerárquicos o autoridades institucionales cuando se oponga a la práctica médica comúnmente aceptada, a los principios bioéticos, a los principios profesionales o razones de objeción de conciencia”.