La Fiscalía de Veracruz informó que a principios de agosto, tras la obtención de un testimonio, dieron con el hallazgo de los cráneos y otros restos -en un lugar que no fue revelado por “razones de seguridad”- de al menos 166 personas en 31, de los 32 puntos que conforman esta fosa de unos 300 metros cuadrados. En el lugar, las autoridades también encontraron 200 prendas de vestir, 114 identificaciones y otros artículos de las víctimas.
La investigación, de acuerdo con Jorge Winckler Ortiz, fiscal general del Estado, tuvo una duración de 30 días y fue llevada a cabo con georradares, sondas de búsqueda y drones para rastrear el terreno.
“Del análisis antropológico de los hallazgos se ha podido determinar que se trata de inhumaciones clandestinas de al menos dos años de antigüedad”, mencionó.
Durante los trabajos, explicó Winckler, no se informó a los familiares de los desaparecidos por cuestiones de seguridad. Además, adelantó que se pondrá a disposición un catálogo con las prendas y demás accesorios que fueron encontrados.
Esto último, la ocultación de los trabajos de búsqueda, fue cuestionado por Lucy Díaz Henao, integrante del Colectivo Solecito, en entrevista con el diario El País. “La Fiscalía no es de fiar y nosotros no tenemos ninguna razón para confiar en ellos. Hacen un trabajo muy chapucero (tramposo) y tememos que manipulen, pierdan indicios o escondan información”, dijo. Sin embargo, el fiscal garantizó que habrá “transparencia”.
Díaz Henao destacó que las autoridades pasaron por alto la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que entró en vigor en 2017 y que prevé que las instituciones deben permitir la participación directa de las familias de las víctimas en las investigaciones.