Una de las líneas de investigación de la
Fiscalía General de Justicia de Veracruz sobre el
hallazgo de los 166 restos enterrados en una fosa clandestina, es la presunta participación de elementos o exelementos de la policía estatal en la inhumación de estos cuerpos, aunque tampoco han descartado que un grupo del crimen organizado haya tenido algo que ver.
Según la fiscalía, esta investigación derivó del
hallazgo -entre otros casos- en 2017 de miles de restos humanos en el fraccionamiento Colinas de Santa Fe, ubicado a las afueras del puerto, que llevó a la detención de algunos exintegrantes del gabinete de exgobernador
Javier Duarte, incluyendo la de Arturo Bermúdez, ex secretarío de Seguridad Pública del estado. De acuerdo con una de las dos hipótesis sobre este reciente descubrimiento, las inhumaciones se habrían llevado a cabo durante el sexenio de Duarte, ya que según sus peritajes, los cadáveres tendrían alrededor de dos años antigüedad.
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Sin embargo, la fiscalía a cargo de Jorge Winckler a sido cuestionada por su operación en estas averiguaciones.
Desde una de las celdas del Reclusorio Norte, el exgobernador Javier Duerte, acusado de lavado de dinero y asociación delictuosa, envió al diario
Reforma una carta en la que acusó a la Fiscalía de Veracruz de pretender deslindarse de sus responsabilidades tras el hallazgo de los 166 cuerpos. Según Duarte, es imposible determinar "a la ligera y sin ningún soporte técnico" que los restos tenían ese tiempo (dos años) de haber sido enterrados.
"Pareciera que el actual titular de la Fiscalía tiene el único propósito de deslindarse de este hecho y no en hacer correcta y profesionalmente su trabajo, dando declaraciones sin tener sustento técnico forense alguno. Eso es una irresponsabilidad y una falta de respeto para los familiares de las víctimas", indica.
"En experiencia propia", como aseguró Duarte, "es imposible que en Veracruz se pueda ocultar un hallazgo de esta magnitud durante todo un mes sin que la sociedad veracruzana se entere de un hecho como este".
"Sin importar quiénes sean o a qué se hayan dedicado en vida, las personas fallecidas encontradas son seres humanos y lo peor que pudieran hacer las autoridades sería criminalizar a las víctimas, por respeto a ellos y a sus familiares", explicó.
Lucy Díaz, representante del colectivo y madre de un joven de 29 años desaparecido en 2013 en Veracruz, también cuestionó a la fiscalía. En entrevista con
Animal Político, expresó que las autoridades actuaron "de mala fe con el colectivo". "Tenía que habernos dejado ingresar en la fosa. Nosotras somos la parte interesada en estas búsquedas", dijo.
“
Si esos cuerpos llevaban dos años enterrados, como dicen, y los exhumaron de una forma tan atropellada, no pueden estar haciendo un buen trabajo. Por poner un ejemplo: en Colinas de Santa Fe, cuando una fosa tenía seis cuerpos, solo seis cuerpos, se tardaba una semana en exhumarlos porque había que hacerlo con mucho cuidado para no dañarlos”, detalló.
