Crean Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa

Al grito de "porque vivos se los llevaron, vivos los queremos", Andrés Manuel López Obrador firmó su primer decreto presidencial en el cual se crea la Comisión para la Verdad en el caso Ayotzinapa. Este decreto entrará en vigor a partir del día de mañana y determina que dicha comisión quedará a cargo de Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, quien se apoyará en las secretarías de Hacienda y Crédito Público para esclarecer los hechos de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. https://twitter.com/lopezobrador_/status/1069625303331291137 De acuerdo con lo dado a conocer por Encinas, además de los funcionarios públicos, la comisión contará con la presencia de los familiares de los 43 normalistas o a quienes ellos designen, los peritos especializados que se necesiten y una fiscalía o comisión especializada por parte de la Fiscalía General. Asimismo, informó Alejandro Encinas, esta comisión hará los convenios necesarios con las autoridades locales e internacionales (como la Comisión Interamericana de Derehcos Humanos o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) y tendrá a su disposición los recursos económicos que se requieran. [caption id="attachment_32562" align="alignnone" width="731"] Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Encinas con los padres de los 43 normalistas.[/caption] Además, aclaró el subsecretario, no se reservará información en este caso y se garantizará el libre acceso a las instalaciones que sean clave en la investigación.

"Con este decreto se ordena a todo el Gobierno para que se preste todo el apoyo para llegar a la verdad. Todo el gobierno va a ayudar en este propósito y les aseguro que no habrá impunidad", agregó en su momento López Obrador.

Por su parte, María Martínez, madre de uno de los normalistas desaparecidos, le pidió a López Obrador que "sea humano" y apoyarlos en encontrar a sus hijos. https://twitter.com/CentroProdh/status/1069632608475258882 Las secretarías federales involucradas tendrán 30 días hábiles para dar paso a la optimización de los recursos necesarios.