La caída de un tren del metro elevado de la Ciudad de México, que cobró la vida de 26 personas el pasado 3 de mayo de este año, cierra con crudeza y revela el saldo del primer trienio del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador: un intento de transformación profunda del rumbo del país que ha fracasado.

Combatir la corrupción, reivindicar y representar a las clases más marginadas del país, redefinir el sistema política y económico, cambiar el modo en que se ejerce el poder en el país, apelar a la austeridad del gobierno…

Las grandes causas lopezobradoristas, que le aseguraron el triunfo electoral, no lograron superar los simbólico: el cese del uso del avión y de la casa presidenciales, para instalarse en un Palacio del siglo XVI en el centro del país, y utilizar vuelos comerciales; o la rendición de cuentas como pretexto para, cada mañana, aparecer tres horas respondiendo preguntas de algunos periodistas que aplauden y respaldan cada acción…

Programas sociales que desde hacía por lo menos 15 años se diseñaron para, de manera gradual, acercarse a la cobertura del total de la población en temas de salud, de asistencia social, de educación, han sido suspendidos y sustituidos por entrega de apoyos en metálico; programas de desarrollo de infraestructura que apostaron por la conectividad del país son relegados para apostar por megaproyectos mal diseñados: un aeropuerto, una refinería, trenes turísticos.

Los distintos planos en que el gobierno de México y su partido, Morena, han promovido un giro radical en la forma de conducir el poder público, abracan buena parte de la administración pública, de la política social, de la agenda legislativa y del trabajo proselitista que hoy, en medio del proceso electoral, se realiza y tiene al propio Presidente como principal vocero y promotor.

Será el próximo 6 de junio cuando ese proyecto sea evaluado por la ciudadanía. Y si bien se arguye que mucho de lo no logrado obedece a que la llamada cuarta transformación es un camino de largo andar, es cierto que los costos que ha pagado la sociedad mexicana han sido altos y dolorosos, en ocasiones cercanos al capricho de quien decide tomar una ruta y tiene el control político para forzarla, en vez de la habilidad y el talento para convocar a un esfuerzo conjunto.

Y esa fuerza que utiliza la polarización para confrontar, para enrarecer el debate público y la propia política, es la que hoy día se refleja en las propias campañas políticas, donde el crispamiento del clima electoral y la actitud tolerante del gobierno hacia el crimen organizado han desatado una ola de violencia contra candidatas y candidatos: 34 han sido asesinados, incluso en medio de actos públicos, y más de 450 han padecido algún tipo de agresión, desde intimidaciones hasta secuestros.

No ha habido, al menos en la última década (reporta el portal Animal Político), tanta violencia durante un proceso electoral; y ha sido, precisamente, el tema de la violencia uno con el que el gobierno de López Obrador no ha podido ni querido tratar, mucho menos ofrecer una estrategia que la asuma como prioritario: el aumento en el número de feminicidios (un promedio de diez al día), la violencia de género que se dispara a raíz del confinamiento por pandemia, el número de homicidios que sitúa estos tres años como los más violentos de la última década…

Los estragos económicos que ha provocado el covid-19, por su parte, llevan a que los más de 10 millones de personas que lograron salir de la pobreza extrema durante la última década, caigan de nueva cuenta en esa espiral donde el asistencialismo será el que intente resolver lo que a todas luces no puede hacer solo el Estado, y exige la coordinación con la clase política y la clase empresarial.

El proyecto transformador del gobierno mexicano ha resultado a todas luces  menos capaz que aquel de democracia y desarrollo que se construyó a partir de la transición democrática, y que si bien cuenta con grandes pendientes en el diseño institucional y legal, aseguró un crecimiento económico y una calidad democrática suficientes para generar una estabilidad política y social.

Son esos grandes aspectos aún sin resolver –brechas de desigualdad, corrupción e impunidad, violencia en todas sus manifestaciones, representatividad del sistema de partidos, entre otros– los que llevaron al triunfo a López Obrador, y son asimismo esos grandes pendientes los que no ha podido enfrentar de una manera que revele que la llamada transformación asegurará algo mejor de lo que había.

La convocatoria electoral del próximo 6 de junio –a través de la renovación de la Cámara de Diputados en el plano federal, los 15 estados donde se elegirán gubernaturas y los 30 que deciden su congreso local– permitirá a las y los mexicanos evaluar los resultados del gobierno, expresar su propia percepción del rumbo que toma el país, y elegir si López Obrador cuenta o no con el aval para seguir adelante con un proyecto que dista aún mucho de ofrecer resultados medianamente aceptables.

 

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