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La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados está comprometida en que la Revisión de la Cuenta Pública se convierta en una herramienta de control ciudadano para mejorar el uso de los recursos públicos, reducir las prácticas de corrupción y la discrecionalidad en la aplicación del gasto.

Desde el ámbito legislativo impulsamos cambios para lograr una mayor eficiencia en los resultados de la gestión pública, especialmente en áreas como la Salud, la Educación y el Empleo, que muestran hoy un grave deterioro.

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De nada sirve que se reporten miles de millones de pesos con observaciones y recomendaciones y, que, al final del día no impactan en más y mejores bienes y servicios para la población.

El Plan Anual de Auditorías para el ejercicio fiscal 2019 incluye 1,378 Auditorías, entre las que se encuentran Grandes Proyectos como la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, así como sectores altamente sensibles como el abasto de medicamentos y las políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres.

Temas que exigen una profunda reflexión; pues sus resultados se han apartado de los objetivos establecidos por el propio Gobierno y de las metas aprobadas por la H. Cámara de Diputados; a grado tal, que en 2019 se canceló el crecimiento esperado en el Producto Interno Bruto, se dispararon los índices delictivos a nivel nacional a cifras históricas y se elevó la deuda neta del Gobierno Federal.

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Estos dos temas, significaron para el país una pérdida acumulada del orden de cerca de 950 mil millones de pesos en 2019, que en la emergencia del COVID-19 harán falta para mitigar los efectos en materia de Salud Pública y del estancamiento económico que se vislumbra, con todos las consecuencias negativas sobre la inversión y el empleo, que amenazan caídas sin precedentes en la historia del país.

En ese marco, estamos construyendo en coordinación con todos los integrantes de la Comisión de Vigilancia, sendas reformas tanto a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas para cerrarle los espacios a la discrecionalidad y a la asignación irregular tanto en las compras gubernamentales de bienes y servicios como de Obras Públicas.

Los trabajos de fiscalización superior de la Cuenta Pública, evidencian que el Ejecutivo, las dependencias federales y los gobiernos estatales ejercieron recursos públicos de forma irregular y, es por ello que estamos planteando reformas y adiciones a ambos ordenamientos (Adquisiciones y Obras Públicas).
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Las propuestas de Ley, se enfocan a cerrar espacios a los vicios y abusos en el ejercicio de la función pública, que tradicionalmente han sido de alto riesgo provocando el desperdicio o desvió de millones de pesos, con el propósito de hacer efectiva la aplicación del artículo 134 Constitucional y garantizar que el Estado logre las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Solo de esa forma se logrará que el Gobierno, ponga verdaderamente los recursos al servicio de los ciudadanos para los cuales trabaja, en áreas de alto contenido social, como la Salud y la Educación, más allá de discursos carentes de contenido, que al final no terminan por mejorar la situación de grandes núcleos de población en este país, pues en última instancia, no mejoran sus niveles de bienestar. Ese es el Reto.