Twitter: @JJGRAHAM_NIETO
Presidentes y gobernantes pasan y seguimos sin tener una claridad de cómo se debe o debería de atender a un sector de la población tan vulnerable como es el de las personas con discapacidad desde el ejercicio de gobierno. Algunos optan por becas (como el gobierno actual), otros han optado por un mero ejercicio de derechos, y en gobiernos pasados han apostado por la creación de instituciones para atender a dicha población, pero ninguno ha entendido que la atención a grupos vulnerables debe ser bajo un ejercicio de políticas transversales en la que trabajen todos los poderes y niveles de gobierno.
En el ante proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024), solo se les menciona una vez en el capítulo de Política Social (Desarrollo Sostenible/Programas):
El Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad apoya a niñas, niños y jóvenes de hasta 29 años que tienen discapacidad permanente, así como a personas con discapacidad de 0 a 64 años que vivan en comunidades indígenas. Más de la mitad de las personas con discapacidad se encuentran además en situación de pobreza. Con este programa el gobierno de la república busca la vigencia efectiva de los derechos de niñas, niños, jóvenes e indígenas con discapacidad, así como eliminar la marginación, la discriminación y el racismo de las y los mexicanos con discapacidad. El monto del apoyo económico es de 2 mil 250 pesos bimestrales y se entrega en forma bimestral mediante depósito directo en tarjeta bancaria.
Como dije se entiende que la visión actual es atender a esta población con un programa de becas (que aún no cuenta con diagnóstico ni esquema operativo) y se tiene que recalcar que con esto no es suficiente.
De acuerdo con el INEGI, en México había en 2010 un total de 5.73 millones de personas con alguna discapacidad. De éstas, de acuerdo con el CONEVAL, 54% son pobres y 51.1% presenta rezago educativo. En el 75% de las escuelas no hay rampas para personas con discapacidad, y prácticamente el 80% no tiene baños adaptados a sus necesidades. Las mujeres son quienes llevan la mayor carga en su cuidado, pues aportan el 75% de las horas requeridas para su atención.
Del total de mujeres que tienen alguna discapacidad, el 7.4% eran niñas (menores de 12 años); 8.2% eran jóvenes (de 12 a 29 años); el 32% eran mujeres adultas (de 30 a 59 años); y el 52.3% adultas mayores (60 años o más). Por su parte, entre los hombres las proporciones son: 8% eran, en el 2010, niños; 11.6% jóvenes; 33.6% adultos; y el 43.9% adultos mayores. Los porcentajes restantes (alrededor del 3%) se ubican en el ámbito de lo “no especificado”.
Mi afirmación de que no es suficiente el esfuerzo de becas es sencillamente apelando al Informe Especial sobre el Estado que Guardan los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en las Entidades Federativas del País que recientemente publicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el cual se enfatiza que los gobiernos estatales no garantizan los derechos de las personas con discapacidad.
La elaboración, de dicho informe, requirió que las 32 entidades federativas informaran a este organismo autónomo sobre el cumplimiento de 24 derechos que se encuentran establecidos en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (que México ratificó en el 2008).
Entre las conclusiones (25 en total) y preocupaciones que se indican en dicho informe señalaré algunas de las más importantes:
- La armonización legislativa, ya que las reformas a la legislación local no se adecuan totalmente a lo que establece el Artículo 1° constitucional ni a los tratados internacionales a los que se ha suscrito el Estado mexicano, por lo que la CNDH afirmó que la legislación local es insuficiente para la garantía y el pleno cumplimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad. (Poder Legislativo)
- La CNDH detectó que Baja California Sur, Sinaloa y Veracruz mantienen en su marco normativo local, términos peyorativos para referirse a las personas con discapacidad intelectual como “idiota, loco, imbécil, incapacitado, demente”, por mencionar algunas. (Poder Legislativo)
- Se observó que las instituciones públicas de seis estados (Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Yucatán) recibieron menos presupuesto que las instituciones privadas para garantizar los derechos. (Presupuesto federal-Hacienda)
- No fue posible identificar los mecanismos de consulta y de participación de las personas con discapacidad; incluso, el estado de Puebla señaló que no cuenta con ningún mecanismo de consulta y participación, mientras que Chiapas y Guerrero no cuentan con ninguna información sobre el tema. En este sentido, también se advirtió que no existen mecanismos para diagnosticar abusos y explotación hacia este colectivo.
En conclusión, el Informe da a conocer que las entidades federativas no han llevado, ni en términos administrativos (Ejecutivo federal y ejecutivos locales) ni en términos ni jurídicos (Poder Legislativo y Poder Judicial), las acciones necesarias a fin de garantizar y promover los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Por eso la insistencia de entender que se necesita operar de manera transversal la estrategia para atender a este tipo de poblaciones. Garantizar derechos desde el Poder Judicial, armonización legislativa desde el Congreso Federal hasta los Congresos locales, instituciones con presupuesto suficiente en la administración pública federal y en los gobiernos locales. Y todo desde la visión y misión del PND, de la CNDH, la Agenda 2030 y la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.