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Preocupa que un gobierno asuma una actitud contumaz y a la defensiva cuando alguna institución, llámese agencia calificadora, universidad, colectivo ciudadano u organismo autónomo, por citar algunos ejemplos, le señale deficiencias de operación.

Es un tema de accountability, palabra que si bien no tiene una traducción precisa al español, existe cierto consenso de relacionarla con la rendición de cuentas, o si lo prefiere, con el término de responsabilización pública.

Justamente, la rendición de cuentas implica la sujeción de nuestros gobernantes a la obligación de reportar, explicar, justificar y ser responsables ante la sociedad de las decisiones que sean tomadas bajo la delegación de autoridad que se les otorga a través del voto representativo, a la par, implica el derecho de los ciudadanos de controlar la acción de sus gobiernos. La misma se pone en riesgo en la medida que se vaya creando una cultura de los intocables, donde los tenedores del poder -creen- que no necesitan responder ante nadie.

La baja de calificación de Fitch Ratings a PEMEX, produjo que nuestras autoridades emitieran un discurso obcecado y reaccionario, no se salió a explicar con datos duros, se salió a desprestigiar con adjetivos.

La calificadora ahora resultó calificada… pero de hipócrita, de cómplice en los saqueos de anteriores gobiernos, de tener mala fe para con el mandatario en turno. Por supuesto, si en algo tienen razón, es en decir que las calificaciones de las agencias no son infalibles, de hecho son tan falibles como las decisiones mismas de nuestros funcionarios, las cuales deberían no sólo explicarse sino revisarse.

En este episodio, la narrativa busca una vez más, apelar al sentido emocional e irreflexivo de los oyentes, -a lo visceral– a buscar simpatías bajo la gastada referencia de los inmortales y omnipresentes enemigos, que de alguna forma siempre se las ingenian para seguir moviendo los hilos en una intentona de desestabilizar al régimen.

La discusión pública, en un tema tan trascendente como la viabilidad financiera de la importante empresa paraestatal, se redujo a declaraciones dignas de un golpeteo campañero entre opositores, días antes de las elecciones.

¿Es deseable que esta sea la posición de nuestros representantes hacia cualquier situación que les deje mal parados?

El día de mañana no será a una agencia calificadora a la que se desprestigie, podemos tener del otro lado a un organismo garante de derechos humanos, una institución de educación, un centro de investigación, un instituto autónomo. Entonces, no podemos normalizar, ni mucho menos aplaudir dichas reacciones de nuestro gobierno, las cuales sin duda, le van forjando una armadura, se vuelven intocables.

La exigencia de los ciudadanos debe ser concreta pero trascendente: que nuestros políticos asuman su nuevo rol de gobernantes, las campañas terminaron, ahora tienen un poder hegemónico y avasallador, la posición romántica y vendible de aquél movimiento indefenso a los embates de la “mafia del poder”, ya no les es del todo coincidente.

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