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La semana pasada, el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Julio Santaella, anunció la cancelación de más de una decena de proyectos censales y encuestas debido al recorte presupuestal aprobado por el Congreso hace poco más de un mes. Pese a que Santaella reconoce que la reducción de presupuesto trajo consigo recortes en los sueldos de todo el personal que labora en el INEGI, además del retiro de los seguros de separación y de gastos médicos mayores, no es suficiente para realizar los proyectos que se tenían planeados.

El INEGI recibió 12 mil de los 17 mil millones de pesos que había solicitado para el ejercicio de este año, teniendo en cuenta los Censos Económicos 2019 y el Censo de Población y Vivienda 2020 y las demás Encuestas que sirven como referencia no sólo para decisiones gubernamentales, sino como estadísticas sumamente útiles para activistas de los diversos sectores tales como el agropecuario, penitenciario, doméstico, violencia, delincuencia, trabajo infantil, etc. Cabe mencionar que los dos primeros censos mencionados no se verán afectados dado que son prioritarios, sin embargo, ¿qué pasa con las encuestas canceladas? El INEGI también trabaja con fondos externos de otras dependencias, pero sigue sin ser suficiente o viable.

A pesar del recorte de sueldos y privilegios, nos quedaremos sin catorce proyectos que van directamente ligados a los compromisos del Gobierno Federal como lo es el Censo Agropecuario, sector al que nuestro presidente prometió una mejor calidad de vida y más oportunidades. ¿Cómo piensa aprovechar los recursos disponibles de la mejor manera si no cuenta con datos duros? Aunque Santaella mostrara cierto optimismo y minimizara la importancia de aplazar ciertas encuestas para el año siguiente, no podemos ignorar que es información perdida, datos que son vitales para decisiones de políticas públicas.

Otro ejemplo, la Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED) que es dirigida a una población de 12 a 29 años y que se relaciona con el proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro que busca llegar a “ninis” (jóvenes que ni estudian ni trabajan) para darles una oportunidad laboral en diversas empresas, con el fin de dotarlos de una ocupación y de evitar que sean captados por la delincuencia. El ECOPRED es vital para tener información certera de cuántos jóvenes están en peligro y en qué zonas se encuentran.

Y así puedo seguir mencionando la utilidad que tienen cada uno de los proyectos cancelados. El INEGI entrega al gobierno y a los ciudadanos información que nos permite conocer la situación del país, en especial de grupos vulnerables. Nos quedaremos un año sin esa información, tendremos un gobierno que busca llegar a sectores en situaciones desfavorables sin datos duros. ¿Cómo podemos confiar en las decisiones de nuestro gobierno si hasta ahora han mostrado sesgos cuantitativos?

Es importante señalar que, mientras de un lado tenemos catorce proyectos cancelados de un órgano autónomo como el INEGI, del otro contamos con la realización de un Censo del Bienestar con una metodología de la que se sabe muy poco y no hay claridad de qué tan útil o confiable será la selección de personas beneficiarias de los programas sociales.

Estamos ante un Gobierno poco interesado en datos de calidad. Necesitamos una Cuarta Transformación que tome decisiones firmes, sustentadas en estadísticas claras, con indicadores adecuados que orienten hacia un mejor rumbo del país. Datos que se traduzcan en cambios y no en una simple preservación del asistencialismo.