Twitter: @CLopezKramsky

Desde antes de que se confirmara el primer caso de COVID-19 en México se especuló mucho sobre si el Gobierno Federal adoptaría medidas restrictivas a nivel nacional que evitaran el contagio masivo entre la población; no sucedió. La Administración de Andrés Manuel López Obrador se limitó, hasta ahora, a informar a la población a través de las conferencias de prensa -por la mañana y por la noche- sobre la evolución de la pandemia, pero prácticamente no intervino la vida pública. Su estrategia durante las primeras semanas de propagación del virus fue emitir llamados a mantener una sana distancia y a lavarse las manos constantemente, lo que le valió críticas de una gran cantidad de sectores.

El argumento de quienes criticaron esta decisión fue que, si el Gobierno Federal no hacía nada por evitar la propagación del coronavirus, entonces el contagio sería mucho mayor y las consecuencias serían peores que las que enfrenta Italia o España. Hoy todavía no podemos determinar quién tenía razón, pues aún no hemos llegado al clímax de la pandemia, pero lo que sí podemos constatar es un cambio sustancial en nuestra organización como país y esa ya es una consecuencia directa tanto del coronavirus como de la inacción del presidente López Obrador.

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Estados tomaron iniciativas para enfrentar la epidemia

Ante la falta de acciones coordinadas desde la Federación, los estados se dividieron en, al menos, tres bandos perfectamente identificables: por una parte, los gobernados por MORENA, que al principio siguieron la estrategia de las autoridades federales y evitaron a toda costa tomar acciones de contención e inhibir la movilidad en sus territorios; por otro lado, los gobiernos emanados del PRI, que tomaron tibias acciones de prevención, plegándose lo más posible a la estrategia federal; y, en una tercera opción, los gobiernos del PAN y Movimiento Ciudadano, que adoptaron acuerdos y medidas sanitarias estrictas para evitar el contagio masivo en sus entidades. Destacan en este último grupo los gobiernos de Querétaro (PAN) y de Jalisco (MC), que fueron los primeros en suspender clases, eventos culturales, cerrar lugares públicos, llamar a una suspensión de actividades laborales, establecer controles de revisión en aeropuertos y centrales camioneras, así como emitir normativa jurídica que ordena la actuación de las autoridades estatales y municipales durante la pandemia. Una cascada de gobiernos estatales y municipales siguieron el ejemplo.

¿Reglas nuevas para una nueva Federación?

Tradicionalmente, en México, los gobiernos estatales –sin importar el partido que los gobernara- siempre se allanaron ante las estrategias y políticas federales. Esto era una reminiscencia del gobierno autoritario que tuvimos durante casi todo el Siglo XX, pero que establecía un piso común en todo el territorio nacional. En el poco tiempo de la administración de López Obrador hemos visto tendencias a romper esto: los gobiernos de Chihuahua y Tamaulipas hicieron llamados para establecer un nuevo pacto de coordinación fiscal; el gobierno de Querétaro y los gobiernos del PAN desconocieron a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); los gobiernos del PAN encabezados por el de Aguascalientes se negaron a firmar el convenio de coordinación para integrarse al nuevo sistema de salud federal, INSABI; en la pandemia, un nutrido grupo de gobiernos estatales de varios partidos políticos, se han desligado por completo de la estrategia federal, estableciendo sus propias prioridades y mecanismos de atención de la emergencia.

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Destaca que la propia jefa de Gobierno de la Ciudad de México, emanada de MORENA, optó por limitar la movilidad en la capital del país, antes que el Gobierno Federal adoptara acciones más restrictivas, con lo que se evidenció, sino una ruptura, si un distanciamiento entre ambos esquemas de planeación.

En el México de la pospandemia vamos a experimentar un fenómeno inédito: cada vez, las prioridades locales van a pesar más que las estrategias y políticas federales, transformando profundamente nuestra idea de federación. Esto, evidentemente, demandará nuevas reglas jurídicas que hoy no tenemos y requerirá también de nuevos acuerdos políticos que permitan la coexistencia y la estabilidad, a través de la diferencia.

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