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El 5 de febrero de 1917 es una fecha fundamental en la historia de México, pues en ese día, Venustiano Carranza promulgó el decreto que reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 y, con ello, inauguró una nueva era de constitucionalidad basada en algunos de los principios enarbolados durante la Revolución Mexicana. El texto constitucional de 1917 no fue el primero de nuestra vida independiente, pero sí fue uno de los más relevantes, ya que incluso fue considerado de vanguardia a nivel mundial por introducir derechos sociales que estaban poco explorados en la época.
Durante las siguientes décadas, la Constitución fue afianzándose como un documento que daba cohesión al sistema político mexicano, permitiendo la continuidad constitucional, legal e institucional que se requería después de haber sufrido un par de décadas de luchas intestinas derivadas de la disputa del poder político.
Pero hay que reconocer que, al mismo tiempo, la Constitución se consolidaba también como un adorno que si bien establecía las líneas generales de organización de la República y que permitía la distribución del poder entre aquellos que ya lo ostentaban, era ineficaz para establecer un verdadero Estado de Derecho. Al margen de la Constitución crecían las que, en ese entonces, se denominaban “facultades metaconstitucionales”, que permitían que algunos encumbrados, en especial el presidente de la República, pudieran manipular el orden constitucional a su antojo, sin romperlo.
Esta curiosa circunstancia permitió que, durante décadas, el poder del presidente de la República fuera ilimitado y propició la consolidación de un régimen autoritario que rayaba en la dictadura pero que se lavaba la cara con un discurso de defensa de los preceptos constitucionales derivados de la Revolución. La incipiente democracia y la débil incursión de los derechos humanos en la década de los años noventa empezaron a cambiar las cosas y se inició una época en la que la Constitución sufrió una profunda transformación, no solo textual, sino funcional.
Antes de los años noventa, la Constitución no era considerada una norma de importancia jurídica, es decir, si bien era la cúspide del sistema legal, prácticamente no tenía aplicación en la vida cotidiana, excepto por el uso de sus dispositivos en los juicios de amparo. Desde finales del siglo XX y, en especial en lo que va de este siglo, la Constitución adquirió una posición fundamental en el funcionamiento del sistema normativo.
Hoy, la Constitución norma nuestro actuar en todas las materias y es diariamente interpretada y utilizada por las autoridades de todos los poderes públicos para argumentar y fundamentar decisiones y actos administrativos y jurídicos. La Constitución, hoy en día, es la piedra angular del sistema de interpretación de los derechos de todas las personas y es gracias a ella que nuestro sistema legal ha evolucionado para poner en el centro a las personas y sus derechos.
Hoy, la Constitución ha dejado de ser una herramienta de legitimación del poder político y se ha transformado en un medio de defensa de la ciudadanía frente a ese poder. En ese contexto, si bien, formalmente, nuestra Constitución es la misma que la de 1917, pues no se ha legislado una nueva desde entonces, hay que admitir que material y funcionalmente es totalmente distinta, con otros objetivos y otros valores.
Muchas voces, desde principios de este siglo, han levantado la voz para pedir que se elabore una nueva constitución, pero lo que la historia nos demuestra es que, en realidad, los mexicanos hemos ido forjando, con el tiempo y la dinámica social, una norma constitucional adaptada a las necesidades actuales. El Derecho es un producto social que se va construyendo en la diferencia, para permitir la convivencia y que debe adecuarse a la realidad; en ese sentido, nuestra Constitución es, sin duda alguna, una norma de vanguardia que debemos cuidar y respetar.