Twitter: @CLopezKramsky
En la Cuarta Transformación se puede ver de todo, desde cerros que aparecen repentinamente, consultas populares que nadie se enteró que se hicieron, crecimientos económicos fantasma, disminución de la violencia homicida en algunas presentaciones de Power Point y, también, violaciones constitucionales severas que parecen no tener consecuencia alguna, como el desdén del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a una solicitud del Pleno del Senado de la República.
¿Es la Cuarta Transformación un castillo de naipes que flota en el aire del imaginario colectivo de 30 millones de personas? Así parece confirmarse.
Por acuerdo aprobado el pasado 23 de abril, el Pleno del Senado de la República requirió al comisionado Sergio Jaime Rochín del Rincón, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos de esa soberanía, para responder a diversos cuestionamientos de legisladores y de víctimas, así como para que rindiera un informe sobre el estado actual y resultados de la política de atención a víctimas. Ello derivado de las constantes y repetidas quejas que víctimas, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas, han planteado al Senado y a la opinión pública. La hipótesis que motiva la comparecencia es que la Comisión Ejecutiva no funciona adecuadamente y por ello se solicita a su titular que informe y, en su caso, motive las razones por las que existen tantas quejas.
El día programado para la comparecencia, el lunes 29 de abril, se comunicó a las víctimas que acudieron a la cita, que el comisionado ejecutivo informó que no asistiría debido a que se encontraba en Ginebra, Suiza, atendiendo la reunión del Comité contra la Tortura (CAT). Nadie está obligado a lo imposible y era razonable excusarse por encontrarse en el extranjero cumpliendo una comisión oficial en representación del Estado Mexicano, pero al otro día, la propia Comisión Ejecutiva emitió comunicado de prensa en la que se detalla que ese 29 de abril, el servidor público en mención estuvo en Nayarit, acompañando a víctimas de desaparición.
El comisionado ejecutivo o sus colaboradores le mintieron al Senado al informar que no asistiría por estar en Ginebra, pero, además, deliberadamente eludió su responsabilidad de rendir cuentas al Congreso de la Unión, al acudir a Nayarit en lugar de asistir a la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, con lo que conculcó la facultad de control político que la Constitución le otorga al Congreso.
Esto no es menor pues hay que tomar en consideración que el comisionado ejecutivo provocó una violación a lo dispuesto en el Artículo 93, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga a cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión la facultad de control político sobre los servidores públicos de la Administración Pública Federal, al establecer que cualquiera de ellas podrá convocar a los titulares de las dependencias y entidades, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.
El Senado ahora debe ponderar si esta violación a la Constitución es grave y, en su caso, de conformidad con lo establecido en los artículos 109 y 110 de la Constitución, así como 5, 6, 7, fracciones VI y VII, y demás relativos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, determinar si se inicia el procedimiento de juicio político. Nuestro sistema democrático exige la existencia de pesos, contrapesos y controles entre los poderes públicos, por lo que esta deliberada omisión viola tanto la Constitución como uno de los principios sobre los que se funda nuestra democracia y sienta un precedente que podría, a la larga, provocar que los funcionarios del Poder Ejecutivo ignoren por completo el control político legislativo que es tan necesario en estos tiempos. La pelota está en la Mesa Directiva del Senado.