Twitter: @CLopezKramsky
Dos sucesos de impacto nacional acaban de ocurrir: por un lado, hemos constatado la deficiente formación y criterio jurídico con enfoque en derechos humanos de las personas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como candidatas a ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dejó vacante la exministra Margarita Luna Ramos. En segundo lugar, también hemos atestiguado con asombro la aprobación de una reforma al artículo primero de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, que busca proteger la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural, lo que en términos prácticos es una reforma antiaborto y contraria al derecho a la voluntad anticipada. Ambos hechos pueden relacionarse desde la perspectiva jurídica.
Empecemos por la arista de la Corte. Es lógico y hasta normal que en una democracia, el titular del Poder Ejecutivo proponga el nombramiento de gente cercana a sí mismo en puestos clave de la vida pública nacional; la Suprema Corte de Justicia de la Nación moldea nuestra democracia desde el control constitucional y ésa es una labor que exige una gran capacidad técnica, pero también requiere pluralidad que permita una intensa discusión con argumentos jurídicos. Bajo esa perspectiva, es comprensible que el presidente López Obrador haya enviado a personas cercanas a él, tanto personal como ideológicamente, como candidatas a ocupar tal cargo y contar con una voz en ese órgano colegiado.
Lo que sorprende es que sus candidatas demostraron severas carencias técnicas en materia jurídica y defendieron posturas eminentemente conservadoras en temas relativos a derechos humanos, en especial, en los relacionados con el libre desarrollo de la personalidad, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, la gestación subrogada, la interrupción legal del embarazo o la adopción de menores por padres del mismo sexo. No se esperaría que candidatas propuestas por un presidente que se autodenomina “liberal” defiendan postulados éticos, jurídicos y políticos claramente contrarios a la libertad personal.
Una de ellas, Yasmín Esquivel, señaló que respecto de la interrupción legal del embarazo, como juez, solamente puede apegarse a la legislación local y resolver en consecuencia, pasando por alto que las leyes locales también pueden violar derechos humanos y que es responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizar el control constitucional y convencional de esas normas. ¡Vaya! en palabras llanas, como ministra de la Corte tendrá la obligación de analizar si dichas leyes están dentro de lo permitido por nuestra Constitución y los tratados internacionales y, en caso contrario, tendrá que votar por declararlas inconstitucionales.
La nueva reforma al artículo primero constitucional de Nuevo León es una clara prueba para la candidata Yasmín Esquivel, pues si bien ya fue aprobada por el Congreso de Nuevo León y ahora reconoce el derecho a la vida de todo ser humano y lo protege desde la concepción hasta la muerte natural, es evidente que vulnera el sistema de derechos que hoy es vigente, poniendo en riesgo las libertades relacionadas con el libre desarrollo de la personalidad, cosificando a las mujeres, violando el principio de autonomía y dignidad de la persona, así como dañando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de esa entidad federativa. Evidentemente esta reforma será impugnada y su constitucionalidad será resuelta por –adivinaron- la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hasta hoy, la Suprema Corte ha sido el dique protector de los derechos humanos en nuestro país, sosteniendo una posición liberal incluso en temas difíciles como estos, pero al escuchar a las candidatas propuestas por el presidente López Obrador, lo único que se puede aseverar es que ¡ahí vienen los verdaderos conservadores!