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El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció el Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. El objetivo es relanzar dicho Sistema, reestructurar la Comisión Nacional de Búsqueda eligiendo un nuevo titular, así como crear y fortalecer las comisiones locales de Búsqueda. De entrada, destinar poco más de 400 millones de pesos de presupuesto efectivo para esta tarea ya es un paso adelante, pues, aunque es una cantidad menor que la destinada en 2018, se ha informado que en esa anualidad dichos recursos presupuestales no fueron ejercidos para fortalecer esta fundamental área de la administración pública.
Pero no hay que ver solamente los árboles en el Plan anunciado, debemos ver el bosque; muchas más transformaciones derivarán directa o indirectamente de la ejecución del Plan, entre las que destaca la atención a las víctimas de este delito y, en consecuencia, de las víctimas de otro tipo de delitos y de violaciones a derechos humanos, ya que el punto siete del Plan, denominada “Atención a Víctimas” toca una parte muy sensible en la materia que requiere urgente y primordial esmero.
El Plan propone seis acciones en materia de atención a víctimas, a saber, i) fortalecer y revisar el mecanismo de protección a defensores y periodistas; ii) acompañamiento permanente en búsqueda en campo; iii) agilizar los proceso de registro y acceso a fondos emergentes en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); iv) fortalecer institucionalmente a la CEAV; v) elaborar un plan de atención a víctimas de desplazamiento forzado interno a ejecutar por parte de la CEAV, y vi) impulsar la creación de las 12 comisiones estatales de atención a víctimas que aún no se han creado.
Hay que reconocer que, de entrada, el Plan en esta arista presenta dos aspectos, uno positivo y otro negativo: el aspecto positivo es que por primera vez en varios años, la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República toman al toro por los cuernos y se comprometen claramente a construir una política pública relacionada con las víctimas del delito; las víctimas han acusado por todos los medios posibles la falta de eficacia, los obstáculos burocráticos, las acciones de revictimización, la tendencia clara de negar y litigar a las víctimas los derechos que tienen reconocidos en la Ley General de Víctimas y la carencia de atención humana, cálida, efectiva y profesional en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y en las comisiones locales. Es muy positivo que el propio subsecretario Encinas encabece este esfuerzo por dar respuesta al clamor que las víctimas han gritado a oídos sordos en los últimos años.
El aspecto negativo es que esta ansiada atención a las víctimas se da de manera indirecta, derivado del Plan de Implementación en materia de desaparición de personas y no por una voluntad expresa del gobierno federal para adentrarse en la tragedia que viven las víctimas tanto de delitos como de violaciones a derechos humanos, es decir, la anhelada atención y los demandados cambios en la institución responsable en la materia se otorga, como dicen en mi pueblo, de rebote y de chiripa. ¿En qué nivel de afectación debemos estar para que acciones así sean celebradas?, eso es lo que el subsecretario Encinas debe ponderar, y elaborar, en consecuencia, el “Plan Encinas”, para poner en el centro de la atención a las víctimas y por fin crear una política nacional en la materia. El fracaso institucional de la CEAV demuestra que esta delicada arista no puede dejarse a una institución limitada, con poco personal, con carencia de miras a futuro, con ausencia de planeación y, en especial, con probadas tendencias a vulnerar o contravenir los derechos de las víctimas consagrados en la Ley General de Víctimas.