Twitter: @CLopezKramsky
Seamos claros y atajemos la discusión desde el inicio: sí, las personas que fallecieron y que resultaron heridas por la explosión del ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, estaban cometiendo en flagrancia un delito federal al substraer hidrocarburos sin autorización, pero no podemos calificarlas como delincuentes porque en México rige el principio de presunción de inocencia hasta que un juez penal resuelve que en verdad existe responsabilidad penal; muchas atenuantes, excluyentes o incluso criterios de oportunidad pueden actualizarse antes de que se dicte sentencia y, por ello, es un error que califiquemos a estas personas como delincuentes. De hecho, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el ministerio público podrá aplicar un criterio de oportunidad para no ejercer la acción penal cuando el probable responsable haya sufrido un daño mayor en su persona, derechos o bienes, por lo que podemos pronosticar que los heridos no serán sujetos de un juicio penal.
Lo que sí podemos asegurar es que estas personas son víctimas de un lamentable accidente y, además, de posibles violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades federales, estatales y municipales. Y aquí hay que aclarar de nueva cuenta: no por estar cometiendo un acto ilícito y por haber estado voluntariamente en el lugar del siniestro, se les puede privar de su calidad de víctimas de posibles violaciones a derechos humanos. Son dos cosas diferentes y tienen que tratarse de manera independiente, pues el artículo 4 de la Ley General de Víctimas establece claramente que una víctima se constituye como tal debido a que ha sufrido un hecho victimizante que le causa un daño en sus derechos, persona o bienes, independientemente de cómo se dio ese hecho; nadie puede negar que al perder la vida y al resultar con quemaduras en el cuerpo esas personas fueron afectadas, actualizando el hecho victimizante y el daño que requiere la ley.
Ahora bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador apreció correctamente que estas víctimas requieren el apoyo del Estado Mexicano y anunció en conferencia de prensa que se les brindaría todo el apoyo que requirieran. En consonancia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió queja de oficio por posibles violaciones a derechos humanos que podrían ser atribuidas a autoridades federales, estatales y municipales, sin que hasta el momento se haya declarado responsabilidad de alguna en concreto. Y aquí la cuestión a dilucidar es si existió alguna omisión por parte de servidores públicos de PEMEX, Policía Federal, de la SEDENA y de Protección Civil federal, además de estatales y municipales; en caso de ser afirmativo, ya sea porque PEMEX no cerró el ducto a tiempo o porque los efectivos militares y policíacos no aseguraron la zona, entonces confirmaremos que los fallecidos y heridos son víctimas de violaciones a derechos humanos, pero para ello pasarán al menos algunos meses.
Lo urgente hoy es la atención de las víctimas directas e indirectas brindándoles atención psicológica y asesoría jurídica para que puedan conocer sus derechos y acciones legales a realizar, así como el pago de gastos funerarios y apoyos económicos diversos en estos momentos difíciles. La tragedia ya cobró al menos 95 vidas, el Estado tiene que concentrarse en brindar atención a los afectados. Tal y como lo instruyó el presidente López Obrador, el Gobierno federal debe brindar a las víctimas todo el apoyo porque es su derecho consagrado en la Ley General de Víctimas, por lo que debe ser prioritario que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) las inscriba en el Registro Nacional de Víctimas y les permita el acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; negarles este derecho las revictimiza y constituiría una nueva violación a sus derechos humanos por omitir atenderlas en el momento de mayor vulnerabilidad.