Twitter: @jonasartre
Hablar actualmente de una política de drogas única en Estados Unidos sería un error, la diversidad de regulaciones son heterogéneas y se han configurado con base en la libertad que los estados de la unión tienen respecto a la federación, así como condicionantes internas; donde se incluyen la participación ciudadana, la orientación política de las legislaturas, intereses económicos, coyunturas políticas o inercias respecto a las emergencias sanitarias, en general las políticas están en constantes tensiones y dependen del tipo de sustancia, siendo quizá la actual emergencia de crisis por sobredosis de opiáceos el mayor desafío en la unión americana.
En este sentido, mientras podemos observar, híper legalización de la mariguana en estados como Nevada, donde se permite la comercialización y el Marketing libre, pasando por ejemplos de esquemas de reducción de daños, donde han establecido parámetros de primeros respondientes a los casos de intoxicación-sobredosis por opiáceos y han facilitado naloxona a los policías y equipos de emergencias en Virginia occidental, también podemos observar estados donde incluso la posesión de parafernalia o dosis de drogas mínimas son sinónimo de privación de la libertad, como en el estado de Virginia, que colinda con DC y Maryland, las cuales cuentan con leyes más flexibles sobre mariguana, o los últimos casos de descriminalización de los hongos psicoactivos en Denver.
En este sentido, el 31 de mayo de 2019, el congreso local de Illinois aprobó la Ley de Impuesto y Regulación del Cannabis, que legaliza la mariguana para adultos. Dicho proyecto es avalado por el gobernador J. B. Pritzker, quien ha defendido la legalización, incluso siendo parte de sus propuestas de campaña.
Por su parte, los grupos de la sociedad civil y políticos organizados pro-reforma aprovecharon para incluir en la agenda regulatoria esquemas de justicia social, en la cual se prevé la legalización de la posesión y compra de hasta 30 gramos de mariguana, en la cual se establecerá un mercado inclusivo y regulado para cultivadores, procesadores, tiendas minoristas y laboratorios de pruebas, un aspecto de innovación incluye lugares de consumo donde se regularán los “cafés de cannabis”.
En este orden de ideas, según Chicago Tribune de los ingresos estimados en 57 millones de dólares por la regulación, la mayor parte, el 35%, se destinaría al fondo general del estado; el 25% se destinaría a becas comunitarias; 20% a programas de salud mental y abuso de sustancias; 10% para pagar deudas del estado; 8% para apoyar la aplicación de la ley; y 2% para educación pública.
En contraste, el mismo viernes 31 de mayo y dentro de la controversia migratoria y las medidas punitivas arancelarias de Estados Unidos, el presidente Trump escribió un tweet en el que se delegaba la responsabilidad a México por el ingreso de más de 90 por ciento de drogas ilegales, causando la muerte a 80 mil personas. En este clima de cifras falsas, desajustes e incompatibilidad de agendas, las presiones federales del presidente van en sentido opuesto a la tendencia regulatoria de la unión americana, lo cual podría significar que los opositores al actual gobierno puedan utilizar la regulación y demandas como parte de sus programas y campañas políticas.
90% of the Drugs coming into the United States come through Mexico & our Southern Border. 80,000 people died last year, 1,000,000 people ruined. This has gone on for many years & nothing has been done about it. We have a 100 Billion Dollar Trade Deficit with Mexico. It’s time!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de mayo de 2019
Recordemos por ejemplo, la promesa de Hilary Clinton en la pasada campaña donde prometía una reclasificación federal del cannabis, siendo un recurso por parte de los demócratas en vísperas de la elección. En conclusión, observo dos grandes esquemas de uso de las políticas de drogas a nivel estatal de alto impacto, las cuales son coyunturales, como tendencia clara respecto a una agenda regulatoria en vísperas de las elecciones: donde se podrían incluir: la regulación de cannabis y las demandas que 5 estados (Iowa, Wisconsin , Kansas, Maryland y West Virginia) encabezan en contra de la farmacéutica Prudue por causar las epidemias de crisis de opioides, en las cuales se han descubierto grandes esquemas de sobornos a médicos para recetar deliberadamente analgésicos fuertes.