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La gobernanza es un término utilizado en la ciencia política y la administración pública desde los finales de los ochenta. Proveniente de los esquemas gerenciales de la iniciativa privada y lo concerniente a las finanzas, poco a poco se ha ido incorporando al universo de la llamada Nueva Administración Pública y en los esquemas del Buen Gobierno.

En este sentido, se ha identificado como: los procesos de interacción entre los actores involucrados en un asunto público, que llevan a la toma de decisiones o a la formulación de normas sociales, por lo que la gobernanza es un esquema ideal para la práctica de políticas de drogas integrales como la reducción de daños, mediante la alianza entre la sociedad civil y el Estado.

En otro orden de ideas, la página web de Harm Reduction International, señala que no existe una definición universal de reducción de daños, la cual, a grandes rasgos, se refiere a una serie de programas y practicas que apelan a minimizar los impactos negativos a la salud, sociales y legales asociados con el uso de drogas, políticas de drogas y leyes sobre drogas. 

A este respecto, se puede establecer un orden vinculante entre la gobernanza de las drogas ilícitas, con las políticas de drogas y los esquemas de reducción de daños, ya que todas las anteriores son un asunto público que atienden tanto el Estado como la sociedad civil, y que requieren de un papel vigilante de la sociedad civil y de corresponsabilidad por parte del Estado y Gobierno.

En este sentido, la proliferación de prácticas poco seguras que comprometen la salud, por ejemplo, de los usuarios problemáticos de drogas inyectables, han impulsado que en México: el CENSIDA, el Instituto de  Nacional de Psiquiatría y la Secretaría de Salud Federal y algunas locales, hayan tomado cartas en el asunto, respecto a la investigación sobre factores de riesgo y protectores, así como el panorama epidemiológico derivado del VIH, ITS y Hepatitis entre usuarios de drogas inyectables, supervisando y en ocasiones cofinanciando programas de reducción de daños entre los que destacan; consultoría sobre salud física y mental, intercambio de jeringas y la implementación de terapias de sustitución de heroína por metadona en clínicas privadas, con un manual elaborado por las mismas instituciones.

Sin embargo, este pasado 7 de febrero la coalición de organizaciones agrupadas en la Red Mexicana de Reducción de Daños (REDUMEX) dio a conocer un posicionamiento respecto a la actual crisis de aprovisionamiento de metadona para las clínicas que ofrecen esta terapia, explicando que: “a nivel nacional no existe una estrategia de fortalecimiento de la oferta de metadona para las personas dependientes a la heroína.”

En este sentido, la REDUMEX señala:

“hacemos un llamado al Gobierno Nacional a diseñar una política pública frente al uso problemático de drogas que garantice el acceso a servicios de salud de las personas dependientes”.

En conclusión, según la propuesta pública de la nueva administración federal ha ido encaminada a terminar la denominada Guerra contra las drogas, un primer paso sería aplicar el papel de institución vigilante al Estado, así como ser rector de los esquemas de reducción de daños en programas de gobierno y políticas públicas.