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Desde una perspectiva institucional, las políticas de drogas se han comprendido como un entramado local y global de legislaciones, normas, programas y planes que buscan el control de la oferta y por otro lado la reducción de la demanda, tanto para drogas licitas como ilícitas.
En este sentido, contemplando los aspectos jurídicos, de salud y de seguridad, los Gobiernos tratan de mitigar la “adicción” con políticas abordan la demanda de drogas, así como las políticas que mitigan los daños del abuso de drogas y el tratamiento médico, a este respecto, las medidas de reducción de la demanda incluyen la prohibición, multas por delitos de drogas, encarcelamiento de personas condenadas por delitos de drogas, tratamiento o suministro de medicamentos y campañas de concientización, en contraste la reducción de la oferta implica medidas como la erradicación del cultivo de plantas utilizadas para fabricar drogas y la intercepción del tráfico ilícito de drogas en las cuales se utilizan aparatos jurídicos y de seguridad incluso estrategias de combate armado.
Y como cualquier política pública, deberían constar de un diseño, implementación y evaluación de las mismas, con indicadores confiables basados en evidencia y comprendidas de manera integral. Sin embargo, el Estado Mexicano hasta el momento carece de una oficina central sobre políticas de drogas, incluso tampoco cuenta con un plan general sobre políticas de drogas y la mayoría de esfuerzos se realizan entre diversas instituciones, que si bien existen espacios de vinculación oficial en la práctica no lo es así, como ejemplo, en el proyecto del Plan Nacional de Salud 2019-2024 el tema de drogas parece ausente, mientras que la estrategia armada pareciera solidificarse con la guardia nacional.
En este orden de ideas, la meta ideal para cualquier Gobierno, sería implementar políticas de drogas desde una perspectiva integral, hace algunos años las políticas de drogas en México oscilaban entre una “agenda narcótica” bilateral, la cual varios Gobiernos intentaron destrabar y tener espacios de negociación con Estados Unidos, en complemento con las agendas multilaterales que con esfuerzos dentro del espectro de la tercera vía comenzaron a formalizarse con el intercambio de datos, capacitación respecto a las “adicciones” o el asesoramiento para temas de seguridad y control interno, por lo que actualmente con la flexibilización internacional y los movimientos pro reforma existe mayor margen de maniobra local.
Es destacable mencionar, que la Cuarta Transformación (4T) planteó desde la campaña un cambio, o al menos un esquema diferente, en este sentido, la posible reforma a leyes sobre cannabis y tal vez la producción local de amapola, promete ser uno de los temas fuertes de la agenda para el próximo periodo de sesiones de las cámaras legislativas.
A este respecto, pareciera haber una disociación y contradicción, pues el esquema de derechos y salud pareciera estar ausente del debate, por lo que sería ideal que se integre de manera responsable una perspectiva de justicia social y de prevención en el espectro de la salud pública, pues si sólo, se delega a las políticas de drogas un espacio legislativo y de asuntos públicos para llenar una agenda política particular, las buenas intenciones podrían causar más daños que los que se pretenden resolver.