Twitter: @bufalolmangas
Varios esperábamos de López Obrador una respuesta empática ante lo ocurrido en Minatitlán, Veracruz; sin embargo, optó por el espaldarazo a Cuitláhuac García, actual gobernador del estado, cual si estuvieran en plena campaña electoral.
Los números no le ayudan a AMLO con un primer cuatrimestre como el más violento en la historia del país: 11 mil 372 víctimas de homicidio doloso y 342 mujeres asesinadas por cuestiones de género o feminicidios.
Entre las discusiones que surgen en las redes sociales, quienes están en contra de López Obrador han tomado de bandera una comparación que resulta muy delicada:
Los resultados de la ultraderecha en Brasil contra el aumento de la violencia en México.
Los superficiales comentarios resaltan las acciones de Jair Bolsonaro, presidente brasileño, al disminuir los homicidios en el país; sin embargo, se deja de lado que durante su administración han crecido las ejecuciones por parte de la policía.
¡Basta de culpar a otros!
Esto de Minatitlán pasó en tu gobierno.
Necesitamos un presidente.¿Vas a limpiar el cochinero que según tu dejaron otros dejando que nos maten a todos?
¿No vas a hacer nada? #AMLOCallaComoMomia #AMLORENUNCIA pic.twitter.com/R56mtOOlst
— Maite Valencia ?? (@maitemx1) April 21, 2019
Antes de la llegada de Bolsonaro al poder el entonces ministro de seguridad brasileño Raul Jungmann implementó un programa llamado Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP), entre febrero y diciembre de 2018, que logró que las policías civil y militar actuaran como fuerzas complementarias con obligaciones legales y objetivos que apuntaban a resultados concretos.
Aquel programa quedó prácticamente suspendido, pues la nueva política de seguridad entregada al Congreso brasileño considera reducir sanciones en casos de abuso policial.
Sí, en su primer trimestre el gobierno de Bolsonaro redujo 27 por ciento los asesinatos en comparación con el mismo periodo de 2018, pero utilizando la lógica de una política de seguridad pública en la que no se reconocen los derechos de las personas.
En México tenemos un caso muy claro del abuso al que podrían llegar las fuerzas armadas: Tlatlaya, Estado de México, que ha sentado un precedente en las discusiones sobre hasta dónde puede llegar el accionar de la Guardia Nacional.
Si los criminales en Brasil han reducido su violencia no es por mecanismos de reestructura del tejido social o estrategias encaminadas a mejorar las condiciones de vida en aquel país, sino por una mano dura, con aires dictatoriales y un tufo a impunidad. Se está aplicando la ley del “primero disparo y luego averiguo”.
¿Acaso queremos en nuestro país combatir violencia con más violencia?
La estructura criminal en México es mucho más compleja, ya que las redes de los cárteles pueden alcanzar a las policías municipales, los gobiernos, la esfera política e incluso la empresarial. Lidiar con esta maraña va más allá de sacar a las calles más fuerza de ataque para ir sin piedad contra el que cometa actos ilícitos. Nuestro país requiere una mano quirúrgica para combatir varios frentes a la vez: corrupción, impunidad, inseguridad, violencia.
Más allá del discurso o de las promesas que suenan a eterna campaña, López Obrador tiene ante sí un reto histórico, por lo que debe tener una respuesta sensible a las víctimas y una estrategia que vaya más allá de los seis meses que pide para reducir esta masacre. Si la implementación de la Guardia Nacional va encaminada a un esfuerzo como el proyecto SUSP, bienvenida… Pero si los resultados son desastrosos, la oposición podría impulsar la idea de un ultraderechista de mano dura.