El pasado 6 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se creó la «Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990».
Éste señala que la Comisión se crea con un carácter transitorio y se constituye como un grupo de trabajo especial para cumplir las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con los hechos de violaciones graves de derechos humanos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990, a efecto de que se realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria dentro de la competencia de la Administración Pública Federal, y en su caso, dar vista a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o aquellas que resulten competentes para su atención.
También, señala que ésta será integrada por la persona titular de la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, quien la presidirá. Asimismo, formará parte, también, la persona titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores; de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; del Archivo General de la Nación; de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas; y por cinco personas expertas de reconocida calidad moral o prestigio profesional que contribuyan con el objeto de la Comisión, quienes serán propuestas conjuntamente por un representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, un representante de las víctimas, sus familiares y de las personas sobrevivientes, con la asesoría técnica de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
